El Senado aprobó por unanimidad el aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios junto con una suma fija de $40.000, y sancionó la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad hasta 2026. También rechazó el veto presidencial que impedía asignar fondos por emergencia a Bahía Blanca y dio media sanción a proyectos sobre la distribución de ATN y fondos del impuesto a los combustibles.
El Senado de la Nación aprobó una batería de medidas con fuerte contenido social y previsional durante una sesión ordinaria impulsada por bloques opositores. La jornada legislativa, que comenzó con quórum de 42 senadores y fue habilitada por la vicepresidenta del cuerpo, Silvia Sapag (Unidad Ciudadana), estuvo marcada por el consenso y la aprobación de iniciativas clave.
Entre las medidas más destacadas, se convirtió en ley el aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios acompañado de una suma fija de $40.000, iniciativa que recibió votación unánime. Asimismo, con 39 votos afirmativos, 14 negativos y 1 abstención, se sancionó la prórroga por dos años de la moratoria previsional, cuyo vencimiento operó en marzo.
Otra medida de fuerte impacto fue la declaración de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más, la cual también fue aprobada por unanimidad. El debate estuvo atravesado por intervenciones emotivas, como la del senador Luis Juez (PRO), quien relató su experiencia personal con la discapacidad y denunció los bajos ingresos que perciben los prestadores del sector.
En la misma jornada, el cuerpo rechazó por unanimidad el veto presidencial al proyecto que destinaba fondos para los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, gravemente afectados por inundaciones. Con ello, se restablece la ley original aprobada que declara la zona en situación de emergencia y catástrofe.
Sobre el final, se debatieron dos proyectos vinculados al federalismo fiscal. Ambos fueron aprobados con 56 votos afirmativos y solo 1 negativo. Uno establece un esquema de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre provincias; el otro, una nueva fórmula de reparto del impuesto a los combustibles. Según explicó el senador Fernando Salino (Convicción Federal), estas iniciativas cuentan con el aval de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
En línea con ese consenso, la senadora Beatriz Ávila (Por la Justicia Social) y el senador Eduardo Vischi (UCR) coincidieron en que las medidas fortalecen el sistema federal argentino, con el respaldo de las 24 jurisdicciones.
Ambos proyectos, con media sanción, ahora pasarán para su tratamiento en Diputados.
La sesión concluyó con la postergación del tratamiento de una declaración sobre la situación de YPF, que será debatida en próximas reuniones del cuerpo legislativo.
Pocas horas después de la sanción en el Senado, el presidente Javier Milei confirmó públicamente que vetará la ley que establece el aumento del 7,2% a jubilados, la suma fija de $110.000 y la nueva fórmula de movilidad mensual. El anuncio lo realizó durante un acto en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, donde pronunció un discurso cargado de críticas hacia el Congreso y los gobernadores, aunque sin nombrarlos directamente.
“Vamos a vetar. Y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, sentenció el mandatario ante empresarios y dirigentes del sector financiero.
El Presidente calificó la decisión del Senado como “un puñal en la espalda” y aseguró que “esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”. Defendió su política de déficit cero y agregó que, en el peor de los casos, si la Justicia fallara en contra del Poder Ejecutivo, el daño sería “mínimo” y reversible a partir del 11 de diciembre.
La principal objeción del Gobierno radica en que la ayuda económica previsional de $110.000 se transforma en un derecho permanente, con actualización automática por inflación, lo que generaría un fuerte impacto fiscal. Asimismo, el Ejecutivo cuestiona la restitución de la moratoria previsional, que permite regularizar aportes para acceder al haber mínimo.
El paquete aprobado por el Congreso tenía origen en proyectos con media sanción de Diputados, y fue impulsado por una mayoría transversal en el Senado. Frente a ese escenario, el oficialismo necesita ahora reunir 87 votos en Diputados para sostener el veto presidencial y evitar que la ley entre en vigencia.