Tras varias idas y vueltas, el Ministerio de Trabajo logró avanzar en la negociación con representantes empresarios y sindicales sobre el nuevo paquete de medidas para combatir el empleo no registrado y consensuó un acta acuerdo que será formalizada en un acto que encabezará la presidenta Cristina Fernández una vez que retorne a sus funciones a partir del próximo lunes.
Uno de los ejes del plan definido en el marco de las deliberaciones de la comisión de trabajo no registrado del diálogo tripartito establece la creación de un régimen simplificado de pago único para microempresas de entre 3 a 5 empleados, con el cual el Gobierno aspira a que sean blanqueados cerca de un millón de trabajadores.
Ese nuevo régimen fijará una tarifa única de $ 1.500 para la firmas que declaren trabajadores con salarios hasta $ 4.500 y un pago único de $ 2.200 cuando se trate de trabajadores con sueldos de entre $ 4.500 a $ 7.000, indicaron a el Cronista dirigentes que integran la comisión.
Además, las fuentes afirmaron que el régimen será extensivo también para aquellas pequeñas empresas que ya tienen a su personal registrado y que a partir del nuevo esquema se beneficiarán con una reducción de las actuales cargas y contribuciones laborales que, según algunas estimaciones, rondaría el 25%.
Justamente esa cuestión generó inquietud entre los representantes de algunas cámaras empresarias que participan de la negociación con la cartera que comanda Carlos Tomada, quienes interpretaron que la posibilidad de que las firmas con personal formal se acojan a ese beneficio terminará desalentando la registración de aquellas microempresas que realizan toda su actividad en negro.
A eso se agrega el hecho de que el régimen no prevé ningún esquema que resuelva la situación de retroactividad del vínculo laboral, lo que podría dar lugar a reclamos judiciales de parte del personal blanqueado. »Es un aspecto que no se puede resolver técnicamente y solo tenemos la promesa de palabra de la AFIP que no habrá reclamos hacia atrás, pero no hay garantías», comentaron desde una cámara empresaria.
El paquete de medidas incluye, por otra parte, la creación de una suerte de »veraz laboral», un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral o empleo no registrado, una iniciativa que generó fuerte polémica con los empresarios, que consideran la propuesta como una caza de brujas que no aporta soluciones de fondo. »El escrache no resuelve nada, es sólo sancionatorio«, criticó un directivo.
Pese a ello el tema integra el acta finalmente consensuada en el marco de la comisión tripartita y que será anunciada oficialmente por Cristina en los próximos días.
La preocupación del Gobierno por intentar contener la informalidad tiene motivos objetivos: los últimos datos oficiales correspondientes al segundo trimestre ubicaron el empleo en negro en el 34,5% de los asalariados, lo que representa más de 4,4 millones de trabajadores.
Fuente: Cronista. com
