Según un informe elaborado por un grupo de trabajo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), aún no están dadas las condiciones para iniciar el ajuste por inflación.
Compartimos el resumen de las principales ideas vertidas en el informe el cual se adjunta al pie de la nota.
El estado actual de emergencia estadística por el cual atraviesa la República Argentina nos permite concluir que la evaluación de si el contexto de Argentina es el de una inflación que amerita ajustar los estados contables en los términos de las NCPA vigentes deberá basarse en la consideración de factores cualitativos.
Esta posición es consistente con lo previsto en la respuesta a la pregunta 3 de la Interpretación N° 8 a las NCPA, donde se establece que en determinadas condiciones el análisis de si Argentina se encuentra en un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables deberá evaluarse empleando pautas cualitativas.
Las NCPA no limitan tal evaluación sólo a los factores cualitativos taxativamente indicados.
Tras evaluar factores cualitativos, algunos miembros del GTE consideraron que no existe evidencia contundente para afirmar que nos encontremos en un contexto de inflación que amerite ajustar, o para afirmar lo contrario.
Sí existe consenso en que, aun cuando se estuviera en un escenario que amerite ajustar, aplicar índices cuestionados y carentes de fiabilidad no permitirá alcanzar las características cualitativas para que la información contenida en los estados contables sea útil, enunciadas en la sección 3 de la segunda parte de la RT 16 (en especial la característica de “aproximación a la realidad”). En cualquier caso, la visión es que no existen elementos para concluir que surja claramente de las NCPA vigentes que se deba ajustar por inflación los estados contables de los entes de nuestro país.
Ante la necesidad de encontrar una posición superadora para morigerar la desactualización de los importes contables asignados a los patrimonios de los entes, se propone analizar la propuesta de impulsar la realización de un “sinceramiento contable”, que podría consistir en actualizar el valor de los activos de largo plazo de los entes (por ejemplo, bienes de uso), el capital y otras partidas apropiadas del patrimonio.
Para ello, debería lograrse un consenso amplio entre los distintos grupos de interés, lo que permitiría transitar esta situación excepcional de coyuntura con éxito.
Además, se recuerda que el actual marco legal vigente no permite que los administradores de los entes, responsables por la emisión de sus estados contables, presenten tales estados ajustados por inflación ante determinados organismos de control (o que, en algunos casos, el efecto práctico de tal presentación podría ser nulo).
Lo mencionado en forma precedente implica, a su vez, que los auditores y sobre todo los síndicos, evaluando su responsabilidad profesional, se enfrenten y midan las consecuencias que generaría la disyuntiva en la cual las normas contables sean totalmente contradictorias ante lo dispuesto por el marco legal.
Entendemos que la alternativa de emitir una opinión de auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de información prescripto por disposiciones legales o reglamentarias, dispuesto por el regulador, dejaría “en abstracto” la definición respecto de si es necesario o no emitir por parte de la profesión una norma contable estableciendo la necesidad de la implementación del ajuste por inflación.
Los miembros del GTE concluyen que, no estando claramente dadas las condiciones de iniciar el ajuste por inflación, habrá que ser prudentes y continuar monitoreando el contexto macroeconómico.
También consideran que toda decisión que se tome respecto de esta cuestión deberá basarse en un consenso amplio entre los diferentes grupos de interés, dado que ajustar o no por inflación los estados contables, si bien es una cuestión de la que se ocupa la disciplina contable, en las actuales circunstancias del país, genera consecuencias que la exceden.
Para ello propone establecer una mesa de dialogo de la que participen todos los grupos de interés, buscando una solución superadora que, al final del proceso, permita acercar a los valores de mercado los patrimonios de las empresas con un mecanismo más allá de los índices de inflación cuestionados.
