Si no existe obligación de pagar el anticipo por desaparición de su condición (por presentación de la declaración jurada) tampoco existe mora, por lo que los intereses determinados en la Resolución impugnada no pueden ser liquidados.
Los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en su voto conjunto, confirmaron la aplicación del precedente “Elliff” del año 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) había fijado en su resolución 140/95.
Siendo que el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la Res. Gral. A.F.I.P. 1.095/01 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMEs en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos períodos posteriores.
El contribuyente, dedujo demanda contra el EN – AFIP – DGI, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución por medio de la cual se confirmó su exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Monotributo- con efecto retroactivo al mes 10/2014 y el alta en el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y el Régimen Previsional de Trabajadores Autónomos, tabla 2, Categoría II desde esa última fecha.
La Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar la medida cautelar que había exceptuado del pago del impuesto a las ganancias a un grupo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público que asumieron sus actuales cargos con posterioridad al 1° de enero de 2017.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que sostuvo, sin mayor fundamento, que el procedimiento de ejecución de aportes de trabajadores afiliados previsto en el art. 5° de la ley 24.642 (vía de apremio o ejecución fiscal) puede extenderse a los aportes «solidarios» de trabajadores de no afiliados, si se apartó claramente de lo establecido por la Corte en su anterior intervención y del expreso texto legal que, al no exigir esfuerzo de interpretación ni presentar duda razonable, debió ser directamente aplicado. – La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Se hace lugar a la demanda entablada por Droguería del Sud S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones delegadas (SEFSC) 4531/2012 y 3901/2013 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, como así también del régimen establecido en relación con el impuesto sobre los ingresos brutos en el cual se fijaron alícuotas diferenciales.
Se confirma la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2017, dictada por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba en la que resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por el señor Marcelo Raúl Conci en contra de la AFIP –DGA, y condenar a ésta a resarcir al actor como daño emergente la suma de Pesos Veintitrés Mil Trescientos Sesenta y Seis con 21/100 ($23.366, 21) más el pago de la suma de Pesos Veinte mil ($20.000) mas intereses en concepto de daño moral.
[restabs alignment=»osc-tabs-center» pills=»nav-pills» responsive=»false»] [restab title=»CARATULA» active=»active»] «Hotel Waldorf S.A. s/ Infracción Ley 11.683» Tema: Penal Económico. Recursos de la Seguridad Social. Multas. Régimen de Graduación de Sanciones RG 1566. Fecha: 30/10/2018 Organismo Emisor: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Sala/Juzgado: Sala B [/restab] [restab title=»SUMARIO»] El juez administrativo aplicó a HOTEL WALDORF
Concluyen que la deducción de los gastos necesarios para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente no exige otro recaudo que la comprobación de orden teleológico, respecto a que la erogación está destinada a fin de lograr la ganancia o mantener y conservar la fuente de dicha ganancia.
Para la mayoría del Tribunal, corresponde la revocación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073, 4º de la ley 25.561 y 5º del decreto 214/02, como toda otra norma, legal o reglamentaria, que impida aplicar en la declaración del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002 el denominado “ajuste por inflación impositivo” -previsto en el título VI de la ley 20.628-, sin perjuicio de lo cual cabe hacer lugar a la acción de amparo deducida y declarar aplicable el mecanismo de ajuste requerido para el período aludido, pues la prohibición de utilizar el mismo resulta inaplicable en el caso en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad.
Según surge de los autos principales, los instrumentos acompañados por la actora (conf. fs. 102/140) y, en especial, las conclusiones del peritaje contable (fs. 352/359) llevan a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 70 y siguientes del referido precedente.
En este contexto, el recurso de la actora no puede prosperar. Ello es así, porque no rebatió el argumento central, tanto de la resolución impugnada como de la sentencia recurrida, esto es, que se tuvo por acreditado, que realizó gastos por un valor superior al monto de los ingresos brutos anuales máximos para la categoría en la cual estaba encuadrada.
Concluyen los magistrados que si el Fisco tiene a su cargo la información verídica del sistema denominado Cuentas Tributarias en lo relativo a los créditos y deudas de los contribuyentes y responsables, le compete demostrar que su omisión no genera ningún perjuicio a la actora.
La Cámara del Trabajo confirmó el rechazo de una demanda por despido iniciada por una “abogada externa” de un banco, a quien le pagaban un abono. El Tribunal juzgó que se trató de un mandato y que la letrada “disponía de la prestación a su conveniencia de acuerdo con las exigencias que le imponía exclusivamente el ejercicio de su profesión”.
