La ley dispone un incremento excepcional del 7,2% en jubilaciones y pensiones regidas por la Ley 24.241, más una ayuda económica previsional de hasta $110.000, acumulativa y actualizable. Además, se confirma la movilidad mensual por IPC conforme al DNU 274/2024, se reformulan partidas presupuestarias y se establecen nuevas reglas para transferencias a cajas previsionales provinciales. El presidente Javier Milei ya anunció su veto.
En una sesión un tanto caótica, el Congreso de la Nación convirtió en ley el aumento excepcional del 7,2% para jubilados y pensionados de ANSES, acompañado de una ayuda económica previsional de hasta $110.000, ambos acumulativos y con impacto inmediato. Además, se aprobó una profunda reforma del régimen de movilidad jubilatoria, que pasará a ser mensual y ajustada por inflación (IPC), y se dispusieron nuevas fuentes de financiamiento para sostener la medida.
Con 52 votos afirmativos y solo 4 abstenciones, el Senado de la Nación convirtió en ley este jueves un nuevo esquema previsional que eleva la jubilación mínima a $331.000, actualiza el bono previsional mensual a $110.000 y ratifica la fórmula de movilidad por inflación, establecida por el DNU 274/2024. La iniciativa también prorroga la moratoria previsional y contiene un plan de financiamiento fiscal específico para cubrir el impacto de las medidas.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley sancionada es la actualización inmediata de los montos mínimos jubilatorios y del bono previsional mensual, con impacto directo en millones de beneficiarios de ANSES.
A partir de la entrada en vigencia de la norma:
Esta ayuda económica previsional se incorporará como una prestación adicional para todos los titulares del sistema general —quienes están alcanzados por el artículo 32 de la Ley 24.241— así como para beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y graciables.
En términos reales, esto implica que quienes cobran el haber mínimo pasarán de recibir $379.000 en total ($309.000 + $70.000) a $441.000 mensuales ($331.000 + $110.000), un aumento del 16,3% en su ingreso total inmediato.
Es importante remarcar que el bono previsional tendrá carácter permanente, según lo establece la ley, y su monto será actualizado automáticamente todos los meses por IPC, siguiendo la fórmula de movilidad que ya se encuentra vigente por el DNU 274/2024. Esta decisión representa un cambio frente al esquema anterior, en el que los bonos eran no remunerativos, transitorios y definidos por decreto presidencial sin criterio de actualización automática.
Por otro lado, la normativa también establece que este bono no será pasible de descuentos ni podrá ser utilizado para compensar otras deudas, consolidándolo como un derecho adquirido autónomo e inembargable para todos los beneficiarios.
El impacto presupuestario de estas mejoras será cubierto por una combinación de reformas tributarias, reasignaciones presupuestarias internas y ajustes administrativos, conforme al plan de financiamiento aprobado en el mismo texto legal.
La ley también prorroga por dos años el régimen de moratoria previsional, lo que permitirá que personas sin los 30 años de aportes exigidos puedan acceder a una jubilación mediante un plan de cuotas, regularizando períodos no registrados.
Para afrontar el costo fiscal de estas mejoras, la ley establece:
También se instruye al jefe de Gabinete a aplicar modificaciones presupuestarias inmediatas para garantizar la aplicación de la norma.
La ley fue aprobada con votos del peronismo, la UCR, partidos provinciales y sectores del PRO. El bloque de La Libertad Avanza, parte del PRO y aliados se retiraron del recinto, cuestionando la validez del temario y anunciando que impugnarán judicialmente la sesión.
Horas después de la sanción, el presidente Javier Milei ratificó que vetará la ley. En un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, afirmó:
“Vamos a vetar. Y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, sostuvo, en una dura crítica a los legisladores y gobernadores.
El mandatario considera que el nuevo esquema es incompatible con el equilibrio fiscal, uno de los pilares de su programa económico. También deslizó que el Gobierno podría impugnar judicialmente la sesión, por presuntas irregularidades en su desarrollo.
El Poder Ejecutivo deberá ahora contar con 87 votos en Diputados para sostener el veto. De lo contrario, el Congreso puede insistir con la norma y forzar su entrada en vigencia, lo que abriría un conflicto institucional de alto impacto.