El Gobierno de Javier Milei fijó como prioridad enviar al Congreso tres grandes proyectos de reforma: laboral, tributaria y del Código Penal. Aunque los textos definitivos aún no fueron presentados y el hermetismo es total, funcionarios del Ejecutivo ya adelantaron los principales ejes y mantuvieron reuniones con 20 de los 24 gobernadores para sumar apoyo político.
“La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad”, explicó el jefe de Gabinete Manuel Adorni tras el encuentro con los mandatarios provinciales.
El Presidente Milei insistió en que la iniciativa “no implica una pérdida de derechos” y que busca adaptar el régimen laboral argentino a las nuevas condiciones del mercado.
Uno de los puntos más debatidos es el reemplazo de los convenios colectivos por rama de actividad por acuerdos individuales o por empresa, lo que permitiría pactar condiciones laborales específicas según cada región o sector.
Durante una exposición en Madrid, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que esta transformación “desarticularía la estructura sindical actual” y favorecería la creación de empleo en el interior del país. “Todo el nordeste tiene problemas laborales porque se le imponen condiciones desde Buenos Aires. Lo que proponemos es federalizar las negociaciones colectivas”, remarcó.
El funcionario también desmintió rumores sobre una supuesta ampliación de la jornada laboral a 13 horas y aseguró que el proyecto no modifica las vacaciones ni otros derechos adquiridos.
Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo en el Coloquio de IDEA que los aumentos salariales deberán basarse en “indicadores objetivos de eficiencia y productividad” dentro de cada actividad.
La reforma tributaria es otro de los pilares del paquete económico. Según adelantó Milei, el plan contempla la eliminación o reducción de unos 20 impuestos, la baja de alícuotas y la ampliación de la base imponible.
“Queremos bajar las alícuotas y devolverle al sector privado millones de dólares”, afirmó Manuel Adorni.
El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que el esquema incluirá una baja del Impuesto a las Ganancias para personas físicas, incentivos al mercado de capitales y una posible reforma del IVA, en la que Nación percibiría una parte del tributo y las provincias podrían fijar su propia alícuota dentro del límite del 21%.
“La idea es generar competencia impositiva entre provincias, para atraer inversiones a las que ofrezcan menores cargas tributarias”, explicó Caputo.
En tanto, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, anticipó que el impuesto al cheque se eliminará gradualmente cuando se consolide el superávit fiscal.
Desde su cartera, Sturzenegger reforzó la visión de desregulación: “El Gobierno ya bajó impuestos equivalentes al 5% del PBI porque redujo el gasto. Cada peso que no se gasta es un impuesto menos que cobrar”.
Con el inicio de la nueva etapa parlamentaria el 10 de diciembre, el Ejecutivo busca consolidar el respaldo político necesario para aprobar las reformas. En la agenda inmediata se destacan tres proyectos estratégicos:
Reforma laboral: convenios por empresa, productividad y simplificación del régimen de despidos.
Reforma tributaria: reducción de impuestos, federalización del IVA y alivio fiscal.
Reforma del Código Penal: actualización de tipos penales y penas vinculadas a delitos económicos.
El Gobierno espera que este paquete marque el inicio de una segunda etapa de reformas estructurales orientadas a la competitividad, inversión y crecimiento sostenido.