La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para avanzar con el proyecto que impulsó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que busca la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino “Empleo Mipyme”.
Juntos por el Cambio tiene hasta el lunes a las 11 para presentar el dictamen de minoría con 17 iniciativas unificadas, según informa Parlamentario.com.
La reunión contó con la presencia y las exposiciones de Raquel “Kelly” Olmos, ministra de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social; Mara Ruíz Malec, directora general de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; y José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo.
La primera expositora y quien se encargó de disipar las dudas respecto a la iniciativa -mayoritariamente de los diputados de la oposición- fue la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, quien afirmó que “tiene 3 objetivos que son fomentar la contratación formal de jóvenes, formalizar el trabajo en negro y contratar a beneficiarios de planes sociales”.
“En los últimos 3 años, el sistema laboral en relación de dependencia lleva 35 meses consecutivos de creación de empleos formal en el sector privado y más 590.000 personas accedieron a un trabajo asalariado en empresas privadas, pero la tasa de empleo no registrado sigue siendo muy elevada”, advirtió la funcionaria.
Del mismo modo, informó: “Hay un 32 por ciento de informalidad en el empleo privado que tiene a las microempresas de hasta cinco trabajadores con un 75 por ciento de informalidad; las de 6 a 40 empleados, un 35 por ciento; las de 41 y 100, la informalidad asciende solo a 15; y donde hay más de 100, solo el 12 por ciento”.
Del mismo modo, planteó que hay una antigüedad en la informalidad de esas empresas ya consagrada: “en empresas de hasta 5 trabajadores, con un año de antigüedad hay un 63 por ciento de trabajadores no registrados; las de 6 a 40, el 58 por ciento; y las de más de 50 trabajadores, en un 55 por ciento”.
A su vez, recordó que con la Ley de Blanqueo del 2008 se redujeron las cargas patronales e impactó en la eficacia del ingreso al trabajo. En consecuente, explicó que “hubo más de 97.000 fiscalizaciones y 193.000 empleados analizados. 69.000 trabajadores estaban no registrados. Más del 40 por ciento no declarados”. “llevamos un registro de empleadores sancionados”, agregó.
A su turno, Claudia Balestrini expresó que “el objetivo claro está asociado a una política pública de incorporar trabajadores, debe tener un gradualismo y controlar el impacto”, pero agregó que “origina un gasto tributario que sea controlado para la efectividad de la política implementada”.
En relación al régimen de contrataciones vinculadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), detalló: “El universo de las Micro, Medianas y Pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro tendrán 100% de reducción en las cargas patronales, mientras que las demás empresas, un 50 los primeros 12 meses, y un 25 los 12 restantes”.
Antes del final, la diputada nacional María Dolores Martínez (Evolución Radical) cuestionó que “hace cuatro años que venimos presentando este tipo de proyectos”. “La generación de empleo registrado es uno de los problemas mas graves de la Argentina”, enfatizó.
“Hay más de 17 proyectos que nunca se quisieron tratar y se acordaron repentinamente sobre el empleo registrado, pero nunca tuvieron en cuenta los proyectos que planteó Juntos por el Cambio”, criticó la legisladora radical quien añadió que “lamento que sea en un contexto electoral, pero vamos a impulsar en un dictamen de minoría todos los demás proyectos”.
El proyecto
La iniciativa contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100 por ciento para PyMEs en los casos de contratar a una persona que no cobre planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años que acceda al mercado laboral por primera vez.
Tiene dos beneficios: el primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.
Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.
Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.
El proyecto contempla también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas. Por ejemplo, se permite el goce de ciertos beneficios para regularizar relaciones laborales iniciadas con anterioridad al día de publicación de esta norma.
De esta manera, el régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.
La iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART. Asimismo, el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios).
También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias”, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.
De acuerdo con esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.
El régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.
La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la presente ley.
El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.
Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.
