La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), determinó una millonaria deuda fiscal a una empresa dedicada a la minería de criptomonedas.

El organismo conducido por Carlos Castagneto detectó que la firma había omitido declarar una gran parte de los beneficios obtenidos con la actividad, por lo que realizó ajustes por más de 300 millones de pesos en concepto de impuesto a las Ganancias.

Las tareas de fiscalización y control desplegadas por la DGI sobre ese contribuyente se originaron en una denuncia penal por evasión fiscal agravada presentada por la AFIP.

La justicia federal de La Plata ordenó el allanamiento del domicilio, lo que le permitió a los agentes del organismo la lectura de los dispositivos informáticos utilizados para la explotación de criptoactivos y así determinar la verdadera cantidad de esas tenencias ganadas en sucesivos períodos fiscales.

Los resultados obtenidos mediante estas acciones se contrastaron con los resultados informados por la empresa con anterioridad. De esta manera, se constató una millonaria subdeclaración de las criptomonedas conseguidas mediante la minería digital realizada con los equipos informáticos de la firma.

A raíz de estas irregularidades, la AFIP determinó una falta de pago del impuesto a las Ganancias de 300 millones de pesos, que fue reconocida por el propio contribuyente.

La minería de criptomonedas es un proceso mediante el cual un ordenador, cuyo componente principal son placas de video, valida las transacciones financieras dentro de una red determinada.

Desde el año pasado, el organismo incorporó sectores de reciente aparición como es el vinculado al minado de monedas digitales a sus tareas de control y fiscalización, en el marco de su objetivo por combatir la evasión impositiva y evitar maniobras fraudulentas que impacten negativamente en la recaudación.

Las alertas surgen a partir de la detección de consumos de energía inusuales y cruces de información entre las distintas áreas especializadas. Los agentes de la DGI verifican la correcta declaración de activos, el origen de los fondos para su adquisición y los ingresos obtenidos bajo el concepto de “recompensas” que arrojan por convalidar por medio de los equipos de última tecnología las transacciones de criptomonedas.