El oficialismo en la Cámara de Diputados se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la Ley de Alquileres, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción que había sido aprobada el pasado 23 de agosto.
El Frente de Todos, solo con el acompañamiento del misionero Carlos Fernández, consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. Fernández había votado a favor junto al resto de la oposición la vez pasada. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.
A pesar de esos números, la ley tendrá un final abierto en el recinto. La postura que adopten los bloques federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado o del otro. Se sabe que, a favor de la derogación, los tres libertarios liderados por Javier Milei se opondrán a cualquiera de las dos opciones.
En la previa de la sesión, que se estima se convocará para la próxima semana y podría incluir el tema, en el FdT admiten que la oposición estaría en condiciones nuevamente de imponer su mayoría y, en ese caso, sancionar definitivamente una modificación que devuelve el plazo de los contratos a dos años, permite ajustes cada cuatro meses y deja librado al acuerdo de la partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS). Cabe recordar que en la sesión de agosto a la bancada liderada por Germán Martínez le faltaron 13 integrantes, que podrían haber hecho empatar la votación, pese a que algunos estiman que en ese caso no se hubieran abstenido los dos socialistas. Igualmente, es historia.
Aunque en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck votó junto al oficialismo, sus dos diputados estarían más cerca de mantenerse a favor de la versión original. Eso contribuye a los números de Juntos por el Cambio, que este miércoles salió a reclamarle a esos legisladores que mantengan su postura, lo que despertó rechazo en la reunión.
Por su parte, el texto que salió del Senado mantiene el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Al comienzo de la reunión, que terminó con los ánimos alterados y una fuerte discusión entre la oficialista Paula Penacca y la radical Karina Banfi, el primer orador fue el diputado Pablo Tonelli, que defendió la media sanción de Diputados.
“La Ley 27.551 no dio los resultados esperados y produjo una alteración dramática en el mercado de los alquileres”, afirmó y mencionó que al momento de su sanción -a mediados de 2020- en la Ciudad de Buenos Aires había “una oferta de unos 7.000 inmuebles” y “hoy en día hay menos de 1.000”. Dijo que a la ley se sumaron “factores externos” como la alta inflación que hace que los alquileres requieran “aumentos constantes”.
El legislador del Pro cuestionó que a partir de la Ley de Alquileres “los locadores perdieron rentabilidad, estímulo, aliciente y retiraron del mercado” las propiedades. Para el macrista, puede ser “una actitud comprensible” querer “proteger a los inquilinos, pero ya está probado que esa protección excesiva no ha dado buenos resultados”. “Tenemos que encontrar un equilibrio que respete razonablemente los intereses de las dos partes”, añadió y ratificó: “Creemos que lo mejor es insistir en la sanción originaria de nuestra cámara”.
También a favor de la reforma salida de Diputados, el puntano Alejandro Cacace sostuvo que un contrato de tres años “es una eternidad en este contexto” y se quejó de que se quiera “imponer los precios desde el Estado, porque sabemos los problemas que trae”. El diputado de Evolución Radical explicó que “en una economía que tiene 12% de inflación mensual” los propietarios “se cubren de la inflación cobrando todo de arranque desde el precio inicial”, al defender que se puedan hacer las actualizaciones cada cuatro meses. “Está claro que en una economía que es altamente inflacionaria hay que reducir los tiempos de la actualización”, insistió en esta línea.
Entre los oradores, desde el oficialismo el porteño Itaí Hagman observó que lo más conflictivo de la situación no era solo la alta inflación sino “la caída del salario real”, que hace más difícil a los inquilinos afrontar los aumentos. “La incertidumbre la hemos generado con la expectativa de un cambio del régimen”, opinó, al recordar que desde el año pasado está en debate la reforma de la 27.551.
Según el diputado del FdT, desde que se sancionó la ley “hasta el segundo cuatrimestre de 2022, creció la oferta”, mientras que comenzó a caer en el segundo semestre de 2022. “Se combinó la inflación y la expectativa”, señaló y advirtió que el cambio del plazo del contrato de tres años a dos es algo que no le interesa a propietarios e inquilinos, sino “hay un solo actor al que les conviene: las inmobiliarias”.
“La ley no fija los precios de los alquileres”, aclaró y defendió que “a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación”.
FUENTE: parlamentario.com
