El Gobierno prorrogó ciertos beneficios para los empleadores del sector de la salud y de educación privada que vencían el pasado 31 de diciembre aliviando así la carga fiscal sobre la contratación de empleados.

Prórroga de beneficios para Empleadores del Sector de Salud.

A través del Decreto 903/2021 que fue promulgado a fines de diciembre de 2021 se prorrogan hasta el 30 de junio de 2022 los beneficios establecidos en los Decretos 300/20 y 34/21 para los empleadores del Sector de Salud.

Con la aparición del COVID-19 como pandemia no solo en nuestro país, sino en el mundo las instituciones relacionadas a la salud han dado un importante apoyo y compromiso. Con la promulgación del vigente Decreto 903/2021 el Estado Nacional busca reconocer el esfuerzo de este sector prorrogando hasta el 30 de junio de 2022 los siguientes beneficios:

• Eximición del pago de contribuciones patronales previstas en el artículo 19 de la Ley 27541 que se destinan al SIPA para los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.
• Tratamiento diferencial en lo que respecta al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias a los empleadores de las actividades relacionadas con la salud. Quedando vigentes las alícuotas del 2.50 por mil para las operatorias en cuenta corriente y el 5 por mil para el resto de las operaciones.

Los beneficios abarcan a obras sociales, servicios de seguros de salud, medicina prepaga, mutuales de salud, servicios de hospitales, de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos, de práctica de diagnóstico y tratamiento, y de emergencias y traslados.

Prorroga de Beneficios para la Educación Privada.

A través del decreto 12/2022 promulgado el 11 de enero del corriente año, se establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 en los beneficios de reducción de contribuciones patronales para establecimientos educativos privados.

Con la sanción de la Ley 27541 se dispuso el beneficio de alícuotas diferenciales para del pago de las contribuciones patronales en el caso de los empleadores de establecimientos educativos privados que se encuentren incorporados al régimen de enseñanza oficial en el marco de las leyes 13047 y 24049.

El principal eje de esta disposición trata que “de no extender el beneficio se produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones educativas, desencadenando así un importante incremento en los aranceles que son abonados por las familias”