La FACPCE envió una serie de notas dirigidas al al presidente Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña y al subsecretario de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, José Mariscal solicitando para las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre Bienes Personales, la razonable postergación de plazos de vencimientos de presentación y pagos al 31/07/2019, coincidente con el vencimiento del Impuesto Cedular -a la Renta Financiera; y por consiguiente, se arbitren los medios necesarios que aseguren la conectividad en tiempo y forma.

La Federación manifiesta que a través de los profesionales que integran la Comisión de Estudios de Asuntos Tributarios, delegados de cada Consejo Profesional, se hizo notar, en temarios presentados en los Espacios de Diálogo con la AFIP, y en el Ciclo de Capacitación sobre la Reforma Tributaria dictado por la FACPCE a través de la plataforma virtual a todo el país; la extrema complejidad, inequidad e imposibilidad en muchos casos, de proceder a liquidar el impuesto a la renta financiera.

Agrega que la solución imaginada por la AFIP fue emitir dos Resoluciones Generales para exigirles a los Bancos y a las ALyCs que envíen la información necesaria a la Administración Federal de Ingresos Públicos, para alimentar el sitio «Nuestra Parte», con fecha de presentación hasta el 15 de marzo de 2019. 

La segunda solución imaginada por la AFIP, continua en su descargo la FACPCE, en lugar de la deseable incorporación de la Renta de Capital en un solo concepto como Renta de la
Segunda Categoría, fue crear una aplicación por separado, que luego deba vincularse con la DDJJ General del Impuesto a las Ganancias a fin de computar la renta y las variaciones patrimoniales.

Entrado el mes de mayo de 2019, y a pesar de todas las advertencias de la Federación, ninguna de las dos soluciones funcionó; ni la información financiera estuvo cargada en forma confiable, (en algunos casos no está aún), ni el aplicativo especial estuvo operativo para ser usado, lo que implicó que la AFIP debiese generar una posibilidad de presentación simplificada, agrega.

A todo lo expuesto se suma, que, todo el trabajo debe ser realizado bajo entorno web de la AFIP, con infinidad de problemas, desde conectividad, cierre de sesión, pantallas de errores desconocidos, amplios horarios con el sitio no disponible por tareas de mantenimiento, etc.

«Hoy nos paraliza la impotencia de saber que desde nuestra Federación hicimos mucho, planteamos las dificultades con tiempo, advertimos sobre la inconveniencia del nuevo impuesto, sobre los problemas de implementación, y la necesidad de sistemas informáticos confiables por todos los errores detectados; como siempre estuvimos a disposición, pero trabajar sin las herramientas necesarias, a destajo para cumplir con plazos exiguos, apurados por una oferta de tasa de interés por presentación anticipada, solo generaron situaciones de tensión en los últimos meses y a la fecha muchas sin solución.«

Así también, desde la FACPCE salieron al cruce de las declaraciones del administrador federal Leandro Cuccioli donde manifestaba que desde la AFIP se hacen las cosas para facilitarle la vida a un montón de gente, para que el contador no sea necesario.

En ese sentido, se remarcó que «el Sr. Administrador Federal debería entender que ese mundo ideal; y en el que a todos nos gustaría estar, no existe al menos aún, en nuestro país. Colaboraremos como siempre desde nuestra Federación para alcanzar esos niveles de eficiencia, se reduzca la burocracia, la redundancia de información, la anarquía normativa; con sistemas apropiados y la conectividad necesaria para poder llevarlo a cabo.«

El descargo de la Federación continúa diciendo que «es muy peligroso posicionar el concepto de «autoliquidación», dado que conlleva riesgos desconocidos por el contribuyente y que podría ocasionarle daños irreparables. Como un colega planteara y con muy buen criterio, tomar un medicamento es un acto muy sencillo, pero el riesgo que conlleva su ingesta equivocada es inconmensurable. Es una falacia pretender que eliminar el asesoramiento profesional reduzca el costo del cumplimiento tributario.«