Se trata de una contribución por única vez para morigerar los efectos de la pandemia. Detalles de la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner que obtendría media sanción.
El oficialismo intentará aprobar este martes el proyecto de ley que crea un aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.
El denominado “impuesto a la riqueza” será el principal tema de la sesión, convocada para las 12.
A continuación, un repaso por los puntos principales de la iniciativa, según el sitio parlamentario.com:
El aporte será “con carácter de emergencia” y por única vez, y recaerá sobre personas humanas residentes en el país con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. También quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país.
Del mismo modo, deberán pagar el aporte las personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales -definidos como “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”-.
El aporte empezará a regir desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.
La escala de cuánto deberán pagar los sujetos alcanzados según su patrimonio es la siguiente:
El destino que se le dará a la recaudación es el siguiente:
-Un 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria.
-Un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”.
-Un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.
-Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares.
-Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.
La AFIP será el organismo encargado de aplicar la ley y de dictar las normas complementarias determinando plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.
Si en los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, la AFIP detecta variaciones en los bienes sujetos al aporte “que hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”, podrá disponer que esos bienes queden gravados.
Según informó la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 9.298 personas en todo el país, de las cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos. Son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.
Las 1.860 personas restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores quedarían también alcanzadas.
Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos.
La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.
El aporte promedio sería de 33 millones de pesos.
Las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones de pesos aportarían la mitad de la recaudación total, unos 153.000 millones.
Fuente: parlamentario.com
