Los ministros de Economía de las provincias analizan la letra fina de la enmienda al Consenso Fiscal que sellarán hoy los gobernadores con Alberto Fernández para moderar las obligaciones de aquel entendimiento, rubricado con Mauricio Macri en noviembre de 2017.
En medio de un fuerte hermetismo, los gobiernos provinciales evalúan con lupa la letra chica de un borrador de la addenda que rubricarán mañana (NdR: por hoy) los gobernadores con Alberto Fernández para moderar el Acuerdo de Consenso Fiscal sellado con Mauricio Macri en noviembre en 2017.
El texto de esa enmienda, que circula a priori por despachos provinciales pero que debe terminar de ser pulido y oficializado, incluye a priori -según la información a la que accedió Ambito Financiero, de fuentes subnacionales- la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2020 del diagrama de bajas de Ingresos Brutos acordado en aquel entendimiento; y la apertura a potenciales subas en ese tributo y de Sellos, y a la aplicación de tributos específicos a la transferencia de combustibles, gas y energía, entre otros ejes. Una avanzada que se da en sintonía con el pedido de los mandatarios de aliviar las finanzas locales frente a la caída de los ingresos por la crisis nacional.
Pero además abre la puerta a discutir una potencial reducción en las remesas de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, tras el incremento por decreto que Macri le otorgó al reelecto Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) en 2016.
“Antes de la firma los ministros van a venir a trabajar en la letra fina”, dijo el mandatario radical Gerardo Morales, tras un encuentro que mantuvo en la Casa Rosada durante la mañana -junto a sus pares Rodolfo Suarez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes)- con el Presidente y con el ministro del Interior, Wado de Pedro.
El borrado de la addenda congela por un año el diagrama de bajas de alícuotas de Ingresos Brutos por actividad, y la obligación de no incrementar la alícuota a los Sellos.
Además freeza la obligación rubricada en 2017 de “desgravar ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios”, lo mismo que los provenientes de “prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país”, en lo que respecta a Ingresos Brutos.
Y suspende, también por un año, la obligación de eliminar tratamientos salariales diferenciales basados en el lugar de radicación o de nacimiento. Además congela el artículo que ordenaba derogar “inmediatamente” tributos específicos que graven “la transferencia de combustible, gas, energía y servicios sanitarios”.
En paralelo, la enmienda que circula entre las provincias abre la puerta a “evaluar la reducción del porcentaje de participación” de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de coparticipación para “mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones” frente a los compromisos asumidos en aquel entendimiento con Macri de 2017, y en su modificación de septiembre de 2018.
Esa potencial cláusula está en sintonía con un planteo que creció con insistencia en las últimas semanas desde filas del peronismo nacional, con Cristina de Kirchner como una de las voceras más resonantes.
“Hay una asignación de recursos muy desigual que es profundamente injusta e inequitativa; desde hace tiempo la Capital concentró riquezas, postergando al resto de la periferia”, disparó días atrás la exPresidente, desde el acto de asunción de Fernando Espinoza en La Matanza.
El malestar se potenció luego de que en 2016 Macri aumentara de 1,4% a 3,75% la participación porteña en la torta de tributos coparticipable, en beneficio del distrito de Rodríguez Larreta.
La enmienda además autoriza a constituir una “comisión de evaluación” del impacto de los decretos post PASO de Macri que erosionaron duramente la coparticipación, al subir el piso de Ganancias y al eliminar el IVA a los alimentos de la canasta básica.
Pero ata a ello la suspensión por un año de los juicios iniciados por las provincias en agosto pasado para exigir una compensación por las pérdidas en las remesas, y prohibe iniciar una demanda a los distritos que aún no judicializaron el conflicto.
Fuente: Silvina Kristal para Ámbito Financiero