El Gobierno Nacional oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que unifica las funciones del ENARGAS y el ENRE para mejorar la eficiencia estatal y la regulación. Además, aprobó una reforma estructural del sector eléctrico, que permitirá contratos entre privados, apertura al comercio internacional y libre elección de proveedor por parte de los usuarios.

El Gobierno Nacional oficializó este lunes la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, mediante el Decreto 452/2025, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N.º 27.742). Este nuevo organismo asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaban el Ente Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el propósito de optimizar el uso de los recursos públicos, mejorar la eficiencia del Estado y modernizar la regulación.

Según informó el Gobierno, la creación de este ente único permitirá eliminar estructuras duplicadas y fortalecer la coordinación regulatoria sobre servicios públicos esenciales como el gas natural y la electricidad. El proceso de transición contempla que las estructuras actuales continúen operando hasta que se apruebe la organización definitiva del nuevo organismo, garantizando así la estabilidad institucional y la calidad del servicio.

En paralelo, mediante el Decreto 450/2025, el Ejecutivo aprobó adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), con el objetivo de impulsar una reforma estructural que modernice el sector eléctrico argentino. Esta medida, dictada en el marco del artículo 162 de la Ley de Bases, habilita un proceso de apertura del mercado eléctrico, que durante 20 años implicó más de 105.000 millones de dólares de gasto público en un sistema ineficiente y cerrado, según declaraciones oficiales.

Entre los principales cambios, se destacan:

• La apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con reglas claras y previsibles, restringidas únicamente por razones técnicas o de seguridad.
• El restablecimiento de la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo restricciones vigentes desde 2013.
• La libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, que podrán contratar con quien deseen sin trabas regulatorias.
• Nuevos mecanismos regulatorios para que el usuario conozca con transparencia qué está pagando en su factura, que no podrá incluir tributos locales ni cargos ajenos a los bienes y servicios facturados.
• Alternativas diversas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, fomentando la inversión privada y la iniciativa empresarial.

El decreto también establece un período de transición de 24 meses, durante el cual se adecuará toda la normativa complementaria y se garantizará una implementación gradual y previsible de la reforma.

De esta manera, el Ejecutivo busca devolver al sector eléctrico su esencia de industria basada en la inversión privada, la autosuficiencia económica y la libertad de elección, consolidando un mercado competitivo, abierto y orientado a asegurar el suministro a largo plazo con mayor eficiencia.