Durante una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria Pública y la Recomposición del Salario Docente, con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Además, se aprobó por 159 votos a favor la declaración de emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas nacionales. Ambos proyectos fueron girados al Senado. También se trataron decretos de necesidad y urgencia, se rechazaron varias disposiciones del Poder Ejecutivo y se emplazaron comisiones para tratar nuevos temas en agenda.
La Cámara de Diputados vivió una jornada maratónica y políticamente intensa el miércoles 6 de agosto de 2025, en la que la oposición impuso su agenda y logró avances en temas clave que impactan directamente sobre la política económica, educativa y sanitaria del Gobierno nacional.
Por un lado, se aprobaron con media sanción dos leyes de alto impacto:
Por otro lado, Diputados rechazó cinco DNU clave firmados por el presidente Javier Milei en el marco de su política de reforma y ajuste del Estado. Las medidas, ahora frenadas, proponían:
Además, la oposición logró forzar el tratamiento en comisión de otros cinco temas sensibles, entre ellos:
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria Pública, que establece la protección y sostenimiento presupuestario del sistema universitario en todo el país. La votación se resolvió con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, y el texto fue girado al Senado para su tratamiento.
Durante el debate, la diputada Blanca Osuna (UxP) sostuvo que “el presupuesto educativo es el más bajo en dos décadas” y destacó la necesidad de garantizar el financiamiento como una política de Estado. Desde Democracia para Siempre, Danya Tavela respaldó la iniciativa al considerar que existe “un atraso histórico en el sistema universitario”.
Por su parte, el diputado oficialista Álvaro Martínez (LLA) cuestionó la medida al señalar que “busca garantizar privilegios sin control”, mientras que Martín Tetaz (UCR) defendió que no implica nuevos gastos, sino una recomposición por inflación.
El diputado Alejandro Finocchiaro (PRO) expresó que “la discusión no es si se financia la universidad, sino cómo”, planteando dudas sobre la sustentabilidad fiscal de la iniciativa.
Tras la media sanción al proyecto de financiamiento universitario, La Libertad Avanza (LLA) reaccionó con dureza en redes sociales. A través de un posteo publicado la noche del miércoles 6 de agosto, el oficialismo advirtió:
“El superávit fiscal no se negocia”, en un claro mensaje dirigido a la oposición y a los gobernadores que acompañaron el proyecto.
El mensaje fue interpretado como una ratificación de la voluntad del presidente Javier Milei de vetar la iniciativa, en caso de que sea aprobada también por el Senado.
El proyecto, que representa una derrota legislativa para el Gobierno, fue aprobado por una mayoría contundente y amenaza con consolidarse en la Cámara alta, donde el oficialismo atraviesa tensiones con los gobernadores “dialoguistas”, quienes hasta ahora habían sido aliados clave.
Durante la misma sesión, se aprobó también el proyecto que declara la emergencia sanitaria para el sistema de salud pediátrica y de residencias médicas nacionales, por el plazo de un año.
El diputado Pablo Yedlin (UxP) defendió la medida al remarcar la crítica situación del Hospital Garrahan, mientras que Facundo Manes (DPS) resaltó que “invertir en salud y educación no es un gasto, sino una decisión estratégica”.
Desde el oficialismo, la diputada Juliana Santillán (LLA) votó en contra al argumentar que el proyecto carece de fundamentos técnicos y promueve “gasto sin control”.
La iniciativa fue aprobada con 159 votos a favor, 67 negativos y 4 abstenciones, y también será tratada por el Senado.
La Cámara aprobó además el emplazamiento de comisiones para dar tratamiento a distintos proyectos con media sanción, incluyendo:
En un duro revés político para el Gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados rechazó durante la sesión especial del 6 de agosto cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitaban la disolución, transformación o reorganización de organismos estatales en áreas clave como Economía, Cultura, Transporte y Derechos Humanos.
Con el rechazo en Diputados, los decretos quedan ahora a la espera del tratamiento en el Senado, que deberá decidir si confirma la caída definitiva de las normas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
A continuación, el uno por uno de los DNU rechazados:
La caída de estos decretos se produjo en el mismo contexto legislativo en que la oposición también logró imponer la media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de emergencia sanitaria pediátrica, consolidando una agenda parlamentaria alternativa a la del oficialismo.