El bloque de senadores de La Libertad Avanza formalizó este martes el pedido de sesión extraordinaria para tratar en el recinto el proyecto de reforma laboral, fijando el debate para el miércoles 11 de febrero. La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes de varios bloques, lo que refuerza la confianza del oficialismo en avanzar con la media sanción.
El pedido lleva las firmas de la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, junto a senadores de Juntos por el Cambio, la UCR, el PRO y Provincias Unidas, entre ellos Eduardo Vischi. Desde el entorno oficial aseguran que el número de apoyos permitiría habilitar el tratamiento del proyecto en la Cámara alta.
Si bien la convocatoria ya fue ingresada, aún no se definió el horario de inicio de la sesión, aunque se estima que será cerca del mediodía, conforme a la práctica habitual del Senado. En paralelo, el peronismo analiza su posicionamiento y se mencionan entre diez y quince senadores que todavía no habrían definido su voto, incluidos legisladores de provincias del norte del país.
En ese contexto, Bullrich mantuvo reuniones con bloques dialoguistas y afirmó que el proyecto se encuentra “en un noventa y cinco por ciento cerrado”. No obstante, reconoció que continúan las conversaciones para ajustar algunos puntos antes de arribar a una versión final del texto, prevista para el martes previo a la sesión.
Desde los bloques aliados destacaron el clima de negociación con el Gobierno y señalaron avances en los temas que generaban dudas. Sin embargo, en el bloque peronista manifestaron preocupación por la falta de información sobre los cambios en discusión y anticiparon que, de mantenerse ese escenario, las definiciones podrían producirse directamente en el recinto.
La convocatoria a sesión extraordinaria confirma así que la reforma laboral ingresó en su etapa decisiva en el Senado, en medio de intensas negociaciones políticas y con un escenario parlamentario ajustado, pero favorable para el oficialismo.
En el mensaje elevado al Congreso, el Poder Ejecutivo fundamenta que la reforma laboral busca remover distorsiones que afectan la creación de empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica. Según el texto, el régimen vigente responde a estructuras propias de los años setenta, lo que habría generado un estancamiento del empleo registrado y un crecimiento sostenido de la informalidad, especialmente en el ámbito de las pymes.
El proyecto propone un nuevo ordenamiento jurídico orientado a brindar previsibilidad, claridad normativa y menor litigiosidad, mediante la simplificación de cargas administrativas y la reducción de costos laborales, sin afectar la protección del trabajador. Entre sus ejes centrales se destacan la registración laboral digital y simplificada bajo un esquema único administrado por ARCA, un nuevo régimen de indemnizaciones con fondos de cese laboral y alternativas al sistema tradicional, y la revisión del régimen de licencias, con nuevas reglas para enfermedad, nacimiento, fallecimiento y otras causales.
Asimismo, se incorporan mecanismos voluntarios de banco de horas para compensar horas extras, la posibilidad de pactar salarios en pesos o en dólares, una ampliación de los beneficios sociales no remunerativos para reducir conflictos judiciales y una regulación específica para plataformas digitales, que reconoce la independencia de repartidores y prestadores. En materia institucional, el texto impulsa una justicia laboral más ágil, con procesos modernizados y reducción de plazos, y redefine aspectos del derecho colectivo, limitando la ultraactividad de los convenios y estableciendo reglas para asambleas y días no trabajados.
El proyecto incluye además un paquete de incentivos laborales y fiscales, entre los que se destacan la creación de Fondos de Asistencia Laboral financiados con una contribución del tres por ciento de la nómina salarial, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral con reducción de contribuciones patronales por hasta cuarenta y ocho meses, y el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que contempla condonación de multas y reconocimiento de aportes para trabajadores regularizados. También se incorpora el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, con amortización acelerada, devolución de IVA técnico y reducción del Impuesto a las Ganancias.
En el plano tributario, la iniciativa prevé reducciones en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo, una exención para la enajenación de inmuebles por personas humanas desde enero de 2026, un tratamiento especial para inversiones y rendimientos financieros, la reducción del IVA para energía eléctrica destinada al riego agroindustrial y la eliminación de impuestos internos sobre diversos bienes y servicios.
El texto final consta de setenta y una páginas, organizadas en veintiséis títulos y ciento noventa y siete artículos, e incorpora un capítulo específico sobre el régimen patrimonial de los sindicatos. Allí se establece que todo descuento sindical deberá contar con el consentimiento expreso del trabajador y la autorización de la autoridad laboral, descartándose por el momento la eliminación de la cuota solidaria.
Desde el Gobierno consideran que la reforma laboral constituye una etapa clave dentro de un proceso más amplio de reformas estructurales, orientadas a simplificar el sistema normativo, fomentar la inversión, recuperar el equilibrio fiscal y adaptar la economía argentina a un modelo productivo moderno.