Nos preguntamos entonces, ¿es una utopía pensar que hoy nuestra clase política se atreva a dar el paso para lograr un verdadero consenso político, social y económico?
Remarquemos que es obligación de todos el de afianzar la democracia y sus instituciones.
Como señalan Levitsky y Ziblatt, la mayoría de las quiebras democráticas las han provocado últimamente los propios gobiernos electos, quienes han subvertido las instituciones democráticas con reformas presentadas como legítimas, al ser votadas por las autoridades constituidas, pero que no ponen coto a la corrupción, a la eficacia del Poder Judicial, ni sanear el proceso electoral.
Por ello, cuando unos dirigentes autocráticos intentan subvertir las instituciones, los partidos políticos y la ciudadanía organizada deben evitar las polarizaciones extremas y recurrir a los medios constitucionales en defensa de la democracia, pues mientras los individuos tengan valores democráticos, la democracia estará protegida.
Es entonces imprescindible confiar en el control social que implica el derecho al voto como límite al poder, en el entendimiento de que solamente en las democracias es donde los gobernantes deben rendir cuentas de lo actuado ante los organismos constitucionales creados a tal fin.
Los países desarrollados han estado precedidos por instituciones consolidadas, fuertes contratos morales, funcionarios designados por severos órdenes de méritos y un control institucional respaldado constitucionalmente contra la corrupción. No obstante, las lagunas legales existentes más otras ambigüedades inherentes a todos los sistemas legales hacen que la Constitución Nacional pueda ser manipulada y no sirva considerada aisladamente, para evitar que la democracia sucumba ante gobiernos autócratas.
Para evitar ese deterioro democrático, debemos dialogar en todos los ámbitos institucionales, docentes, culturales, ciudadanos; en general: toda la sociedad exige un compromiso con la justicia, con la paz, con la palabra, con la solidaridad, en una construcción colectiva que nos permita acceder al derecho de la dignidad humana, a la estabilidad social y a la búsqueda de una nueva prosperidad basada en la cultura.
Tan importante es ese concepto que representa, para las ciencias sociales un todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad.
Ese conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad, es lo que debemos preservar.
El poder del voto ciudadano, el examen racional de las normas y los valores instalados en la sociedad deben ser sostenidos como medios empleados para hacer frente a las vicisitudes de la convivencia.
Citando a Nietzsche, “quien vive de combatir a un enemigo, tiene interés en que éste siga con vida”.
La convivencia exige reglas para evitar poner en peligro el sistema existente. La tolerancia mutua implica que los otros partidos políticos acepten las reglas constitucionales y que consideremos que tienen el mismo derecho a existir, competir por el poder y gobernar con el que ejerce el gobierno.
¿Estamos dispuestos a admitir que no estamos de acuerdo?. ¿Realmente, estamos dispuestos, como mínimo, a admitir el desacuerdo imperante?
¿Hay voluntad de inspiración suficiente en cada uno de nosotros para hacer frente a la inconsistencia de lo arbitrario?
Si logramos compatibilizar los pensamientos divergentes en pos del bien común, podríamos esbozar un proyecto de pacto donde se priorice el capital humano, el capital social y el capital productivo.
Es imposible? No.
Recordemos los principios del Pacto de la Moncloa, donde fue motivo de consenso la necesidad de que los costes derivados de la superación de la crisis sean abordados equitativamente por los distintos grupos sociales.
Nuestro país necesita imperiosamente construir consensos para superar las crisis en que estamos inmersos.
*Párrafos extractados del libro “Hacia un Pacto Social y Económico”, Ed. ECC, CABA, 2019.