El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas con el fin de ampliar la oferta, mejorar la competencia y transparencia en el sector de telecomunicaciones, enfocadas en la protección de los derechos de los usuarios y en la optimización de los recursos públicos.
En primer lugar, se eliminarán las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que actualmente benefician a los medios de comunicación. Con esta medida, los sujetos que realicen estas actividades pasarán a tributar el IVA en igualdad de condiciones con el resto de los actores económicos, sin ventajas impositivas.
Además, el Gobierno ha decidido avanzar en el proceso para disponibilizar los 100 MHz de espectro reservado a Arsat y los 50 MHz en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para ser destinados al desarrollo del servicio 5G en el país. Con esta medida, se busca aprovechar activos no utilizados, generar más oferentes y que el oligopolio actual funcione en condiciones de mercado, lo que permitirá impulsar inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio de telecomunicaciones y generar un entorno de mayor competencia.
En el ámbito educativo, el Estado Nacional llevará adelante una re-licitación para la provisión de servicios de conectividad en las más de 16.000 escuelas de todo el país, que actualmente está siendo prorrogada de forma transitoria. Esta medida permitirá reducir el costo de la conectividad en los establecimientos educativos que cuentan hoy con pisos tecnológicos y enlaces de Internet, mejorando el acceso a la educación digital.
Por último, las auditorías realizadas en el año 2019 y 2020 sobre ENACOM relevaron serias irregularidades en sus tareas de control; las empresas Telecom y Telefónica adeudan más de $3.000 millones en concepto de aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (SSSU), y el organismo falló en intimarlos e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas. Frente a estos hallazgos, el Estado Nacional ha decidido realizar un relevamiento integral de todos los contratos vigentes en el sector de telecomunicaciones.
Estas medidas forman parte del plan del Gobierno Nacional de promover la desregulación, la apertura de mercados y la corrección de cualquier distorsión que afecte la calidad y condiciones de los servicios de telecomunicaciones, asegurando un entorno competitivo que beneficie a los consumidores y al desarrollo del sector.
