Los saldos a favor de ingresos brutos que las provincias le deben a las empresas alcanzan montos significativos. Es preocupante que el 57% de estos saldos sean en jurisdicciones donde las empresas no tienen establecimientos.

El sector industrial argentino enfrenta desafíos significativos debido a la aplicación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), según un reciente informe presentado por la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante el año 2023, las alícuotas del impuesto fluctuaron entre el 1% y el 2%, pero las empresas se ven afectadas por una serie de problemas que impactan su competitividad y operaciones.

En el mismo sentido se manifestó recientemente la Cámara Argentina de Comercio (CAC) mostrando la preocupación por los saldos que los contribuyentes asociados a la Entidad tienen a su favor por retenciones, percepciones o pagos a cuenta en exceso a su obligación por el impuesto sobre los ingresos brutos.

Uno de los principales problemas identificados es la aplicación extraterritorial del impuesto, donde algunas provincias retienen ingresos brutos más allá de sus fronteras. Esto resulta en que las empresas paguen impuestos en jurisdicciones donde no tienen establecimientos, generando una carga adicional y distorsiones en la cadena de valor industrial.

Los saldos a favor y su impacto negativo en las empresas

Según el informe de la UIA, los saldos a favor de ingresos brutos que las provincias le deben a las empresas alcanza montos actuales equivalentes a los $54.000 millones mientras que el 57% de estos saldos son en jurisdicciones donde las empresas no tienen establecimientos. La industria es el sector con mayor monto promedio de saldos a favor de IIBB por empresa.

Uno de los datos más relevantes es que ocho provincias presentan una proporción del monto total de saldos a favor mayor que la proporción correspondiente de establecimientos. Las diferencias más amplias se observan en la Provincia de Buenos Aires y Misiones. Las otras seis provincias son: CABA, Mendoza, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero y Formosa.

Aunque lo más preocupante, sin dudas, es que el 57% de los saldos a favor son en jurisdicciones donde la empresa NO tiene establecimientos. Misiones es la jurisdicción con mayor proporción de saldos a favor de contribuyentes sin establecimientos en la provincia.

Además, la complejidad administrativa y los altos costos económicos asociados con los múltiples regímenes de recaudación del IIBB están afectando negativamente a las empresas.

El informe también destaca la existencia de saldos a favor elevados y difíciles de recuperar para las empresas, lo que aumenta la presión tributaria real sobre el sector industrial. A pesar de las alícuotas nominales entre el 1% y el 2%, la alícuota efectiva promedio es del 2,4%, llegando al 3,35% considerando retenciones y percepciones.

Imposibilidad de recuperar los saldos a favor

La encuesta destaca que el 39,6% de las empresas estima que los tiempos esperados de recuperación de saldos varían entre uno y doce meses.

Al 22% de los establecimientos encuestados le toma un año o más para recuperar sus saldos a favor: al 11,2% le toma entre uno y tres años y el 10,8% los consideró irrecuperables.

Las empresas relevadas coinciden en mayor medida, que Misiones, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba son las cuatro provincias donde hay más chances de NO recuperar los saldos a favor generados. 

Los saldos a favor acumulados e irrecuperables generan enormes dificultades y serios problemas a las empresas afectadas. Así, respecto del informe de saldos a favor del 2022, los regímenes generales de recaudación siguen siendo los que mayores saldos a favor generan. SIRPEI y SIRCREB continúan en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En tanto, el informe indica que aproximadamente el 95% de las empresas relevadas no utiliza saldos a favor de IIBB para compensar otros impuestos o regímenes de retención y/o percepción y que el 77% de los que solicitaron devolución, reintegro o repetición, no logró conseguirlo, dada la alta burocracia asociada a su recuperación.

En un contexto de alta inflación, además, la recuperación diferida de entre 3 meses o más, genera una pérdida financiera irrecuperable para las empresas, señala el informe publicada por la UIA.

Por su parte, las empresas manifestaron que la dificultad para obtener exclusiones o certificados sigue siendo el principal problema y preocupación entre los temas vinculados a la recaudación de Ingresos Brutos en tanto que los regímenes más problemáticos que crecieron en relación al periodo 2022 fueron el SIRCREB y el SIRTAC.

Alícuotas nominales vs alícuotas efectivas

Otro de los puntos importantes analizados por la UIA es el alto grado de alícuotas efectivas que soportan las empresas respecto del impuesto sobre los ingresos brutos. Las alícuotas nominales de IIBB en las provincias durante 2023 están en el rango entre 1% y 2% (salvo Neuquén que grava a algunas actividades industriales con el 4%). Sin embargo, la alícuota efectiva del sector industrial es del 2,4% en promedio. Cuando se consideran las retenciones y percepciones pagadas, la alícuota efectiva promedio asciende al 3,35% en promedio.

El informe destaca que esto refleja la problemática de los saldos a favor que se generan, ya que la alícuota pagada efectivamente es 0,96 p.p. mayor que el impuesto que pagan las empresas. Los mayores incrementos de alícuota efectiva respecto de 2022 se observan en Misiones, Catamarca,  Santiago del Estero y Mendoza.

El pedido de la CAC

En el mismo orden, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se envió una nota a los ministros de Economía de las 23 provincias y CABA a fin de solicitarles que en todas las jurisdicciones adhieran al Sistema Único de Recaudación Anticipada (SURA), sugerido por la Comisión Arbitral, a fin de limitar la generación de saldos a favor de los contribuyentes a través de la puesta en marcha del mencionado régimen unificado de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos.

En tal sentido, señaló que “dichos regímenes de recaudación aportan gran parte de la complejidad del sistema tributario, del costo de administración para los contribuyentes y desalientan la formalización de la economía ante los costos derivados de los saldos a favor de los contribuyentes que se generan”.

La CAC concluye la solicitud sosteniendo acertadamente «que más allá que las medidas propuestas puedan originar cierto amesetamiento de la recaudación para algunos contribuyentes, en el mediano plazo contribuirán al crecimiento de la actividad económica, del empleo y de la recaudación tributaria, a la vez que incentivará la formalización de la economía.»

Sin dudas, estos desafíos están afectando la competitividad y el crecimiento del sector industrial argentino, lo que subraya la necesidad de reformas en el sistema de IIBB.

Sistemas Unificados de Recaudación Anticipada (SURA)

En este sentido, el año pasado la Comisión Arbitral creó el “Comité de Administración de los Sistemas Unificados de Recaudación Anticipada” (SURA) que esta encargado de interactuar entre los componentes de la operatoria para el cumplimiento y diligenciamiento de las tareas vinculadas a los sistemas unificados de recaudación vigentes, como así también la implementación de las decisiones que tomen los fiscos sobre los reclamos presentados por los contribuyentes o por los agentes de recaudación de cualquiera de los sistemas administrados por el comité.

En este marco, la COMARB presentó ante la UIA los avances en los aportes del SURA para la mejora en la administración del Impuesto de acuerdo a los siguientes términos:

• Mejoras tecnológicas que permiten agilizar la implementación de nuevos sistemas (SIRCIP, SIRCIR, SIRCUPA)
• Nuevas herramientas de control para las Jurisdicciones
• Calendario de vencimientos únicos para todas las jurisdicciones y agentes
• Comité de Administración SURA. (Facilita la gestión para obtener exclusiones o morigeración de alícuotas)
• Generación de Padrón único con reglas acordadas entre las jurisdicciones, esto reduce la cantidad de retenciones/percepciones que se aplican. (Morigera la multiplicidad y superposición de regímenes, Disminuye costos de implementación y cumplimiento, Disminuye el riesgo de diferencias interpretativas, Unificación de criterio de tratamiento a los contribuyentes en un único padrón – Padrón vs. Normativa)
• Permite identificar fácil y rápidamente los contribuyentes con Saldo a Favor para que las Jurisdicciones puedan actuar eficazmente.
• Cada Jurisdicción preserva su autonomía y administración del impuesto.

Asimismo, se presentaron otros proyectos en ejecución por parte de la COMARB, entre los que se destacan la implementación de los formularios CM03 y CM05 interconectados y la incorporación de nuevos métodos de pago.

También se informó que se encuentra en fase de desarrollo una versión simplificada de generación de DDJJ para Pequeños Contribuyentes en tanto que está en etapa de análisis el uso de Web Services (WS) para presentación de DDJJ de alto volumen para Grandes Contribuyentes y la implementación de WS para enviar información a jurisdicciones de DDJJ y Pagos.

Se espera que estas reformas alivien la carga impositiva sobre las empresas y promuevan un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico.

Conclusiones y comentario final

El sector empresarial argentino enfrenta desafíos significativos derivados de la aplicación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), que impactan su competitividad y operaciones. La complejidad administrativa, los altos costos económicos y la aplicación extraterritorial del impuesto generan preocupaciones en las empresas, especialmente en un contexto donde los saldos a favor no son recuperados fácilmente.

Las presentaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA) cómo también de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para implementar el Sistema Único de Recaudación Anticipada (SURA) busca abordar estas preocupaciones, limitando la generación de saldos a favor y simplificando el sistema tributario.

La propuesta de implementar el Sistema Único de Recaudación Anticipada (SURA) parece ser un paso importante hacia la simplificación y eficiencia del sistema tributario, lo que podría aliviar las presiones sobre las empresas y fomentar la formalización económica. Sin embargo, es crucial que estas reformas se implementen de manera efectiva y se acompañen de medidas adicionales para abordar las preocupaciones específicas de los contribuyentes.

Además, los avances tecnológicos y las mejoras propuestas en la administración del impuesto ofrecen esperanza para aliviar la carga impositiva sobre las empresas y promover un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento industrial y comercial.

Finalmente, y a modo de comentario meramente personal, dada la complejidad del sistema tributario y las dificultades que enfrentan las empresas, es primordial que se establezca un diálogo continuo entre el gobierno, las cámaras empresariales, consejos profesionales de ciencias económicas y otros actores relevantes para identificar y abordar las necesidades específicas de los contribuyentes afectados por la acumulación de los saldos a favor.

Esto podría incluir, entre muchas otras cuestiones, la revisión periódica de las políticas fiscales (sobre todo analizando la baja de alícuotas), la simplificación de los procesos administrativos, la unificación de regímenes de retención considerando que los mismos en ninguna circunstancia puedan ocasionar saldos a favor infinitos, que dichos regímenes de retención alcancen únicamente a aquellos ingresos derivados de la actividad, es decir, eliminando aquellos aplicables sobre transacciones dinerarias (SIRCREB, SIRTAC, SIRCUPA), y finalmente, la eliminación de los regímenes de percepción y otros pagos a cuenta como los establecidos por algunas provincias por el solo ingreso de bienes al territorio local.