Se dispone que a partir del primer día hábil de septiembre de 2019, las ejecuciones fiscales que inicie la Administración Federal de Ingresos Públicos en el marco de la Ley N° 11.683, tramitaran plenamente en forma digital. Se establece que a estos efectos, la Comisión Nacional de Gestión Judicial dispondrá un plan de implementación escalonada.
Ordenó no retener sumas en concepto de ganancias hasta tanto el Congreso legisle la exención a favor de los jubilados. García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad.
Remitiéndose a lo dictaminado por la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia resolvió en la causa «Castillo, Juan Norberto c/ Provincia A.R.T. s/ Accidente ley especial» rechazar un recurso interpuesto por la ART contra una sentencia de la Cámara del Trabajo que decretó la inconstitucionalidad de los artículos 12 Y 14, inciso 2, apartado b) de la ley 24.557 y elevó el monto de condena a la suma de $162.081,41.
Los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en su voto conjunto, confirmaron la aplicación del precedente “Elliff” del año 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) había fijado en su resolución 140/95.
La Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar la medida cautelar que había exceptuado del pago del impuesto a las ganancias a un grupo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público que asumieron sus actuales cargos con posterioridad al 1° de enero de 2017.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que sostuvo, sin mayor fundamento, que el procedimiento de ejecución de aportes de trabajadores afiliados previsto en el art. 5° de la ley 24.642 (vía de apremio o ejecución fiscal) puede extenderse a los aportes «solidarios» de trabajadores de no afiliados, si se apartó claramente de lo establecido por la Corte en su anterior intervención y del expreso texto legal que, al no exigir esfuerzo de interpretación ni presentar duda razonable, debió ser directamente aplicado. – La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Se hace lugar a la demanda entablada por Droguería del Sud S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones delegadas (SEFSC) 4531/2012 y 3901/2013 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, como así también del régimen establecido en relación con el impuesto sobre los ingresos brutos en el cual se fijaron alícuotas diferenciales.
Para la mayoría del Tribunal, corresponde la revocación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073, 4º de la ley 25.561 y 5º del decreto 214/02, como toda otra norma, legal o reglamentaria, que impida aplicar en la declaración del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002 el denominado “ajuste por inflación impositivo” -previsto en el título VI de la ley 20.628-, sin perjuicio de lo cual cabe hacer lugar a la acción de amparo deducida y declarar aplicable el mecanismo de ajuste requerido para el período aludido, pues la prohibición de utilizar el mismo resulta inaplicable en el caso en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad.
Según surge de los autos principales, los instrumentos acompañados por la actora (conf. fs. 102/140) y, en especial, las conclusiones del peritaje contable (fs. 352/359) llevan a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 70 y siguientes del referido precedente.
Juicio de Apremio – Excepción de Inhabilidad de Titulo – Prescripción – Ordenanzas Municipales – Publicidad Oficial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo laboral que condenó a una aseguradora a pagar una indemnización de más de dos millones de pesos por un accidente de trabajo que no fue probado.
En un reciente fallo firmado el pasado 24 de abril, en la causa «Rica, Carlos Martín c/ Hospital Alemán y otros s/despido» la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Sala V de la Cámara Nacional del Trabajo la cual ordenó la condena al hospital demandado al pago de una indemnización por despido injustificado de un médico neurocirujano que prestaba servicios en dicho instituto.
