El Senado de la Nación convirtió en ley el aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios junto a una suma fija de $40.000. El financiamiento del paquete se basa en gravar con IVA los honorarios de directores y síndicos, lo que generó críticas entre expertos tributarios, quienes sostienen que el efecto será neutral o negativo para el fisco.
En una extensa sesión iniciada por bloques opositores, el Senado aprobó el aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios más una suma fija de $40.000, junto a la prórroga por dos años de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2026. Las tres medidas se convirtieron en ley con amplio respaldo. También se rechazó el veto presidencial a la ley que destinaba fondos a los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales por las inundaciones.
Además, se dio media sanción a dos proyectos claves: la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una nueva fórmula para el reparto del impuesto a los combustibles, iniciativas que contaron con 56 votos afirmativos y solo uno negativo.
“Más allá de las lágrimas, los forcejeos discursivos y los planos cerrados que alimentaron el prime time, lo cierto es que en la noche del jueves el Senado dio media sanción a tres proyectos de ley clave en materia fiscal. Una lectura fría (y un poco menos televisiva) permite advertir que, más allá del posible alivio impositivo o la expectativa recaudatoria que generan, la verdadera discusión sigue ausente: la de la eficiencia.” comienzan diciendo los autodenominados tributaristas tuiteros en una nota de opinión publicada por iProfesional.
En particular, el mecanismo de financiamiento del aumento jubilatorio se sustenta en la eliminación de la exención de IVA para los honorarios cobrados por directores, gerentes y síndicos de sociedades, que ahora pasarán a estar gravados al 21%.
Según advirtió La Nación en un artículo de Francisco Jueguen, tributaristas señalan que el efecto recaudatorio sería neutro o incluso negativo. Como explicó el abogado Diego Fraga, “se vende como una forma de compensar el gasto, pero el Estado no ve un peso extra”, ya que tanto el director como la empresa podrían descontar ese IVA como crédito fiscal.
Desde la oposición, sin embargo, defienden la medida. Alegan que si bien técnicamente puede parecer neutral, en la práctica podría generarse recaudación adicional debido a ineficiencias en la aplicación del crédito fiscal, consumos informales o desbalances operativos. Apuntan a que la exención vigente tiene un costo fiscal estimado de 0,27% del PBI, mientras que el proyecto podría permitir recuperar hasta 0,14% del PBI.
La discusión de fondo, sin embargo, va más allá del IVA o de cualquier tributo específico. Como señalan los llamados tributaristas tuiteros, lo que sigue ausente en el debate es la eficiencia en el uso del gasto público y la madurez fiscal de las provincias.
“La Nación cumple el rol de papá recaudador, serio y responsable, que junta lo que puede. Las provincias, mientras tanto, adoptan el papel de hijas adolescentes: reciben la mesada sin muchas preguntas y, con suerte, rinden cuentas con un emoji en el grupo de familia”, grafican.
En este federalismo emocional, el que gasta no es el mismo que recauda, lo cual anula los incentivos a la responsabilidad fiscal. Y cuando los ATN se distribuyen sin criterios de mérito, eficiencia o resultados, lo que debería ser una herramienta de equilibrio territorial se convierte en un premio consuelo para gestiones ineficaces.
Los proyectos aprobados abren el debate, pero también exponen sus límites. La discusión no puede seguir girando en torno a cuánto se recauda, sino en cómo se recauda, quién lo hace, con qué objetivos y con qué controles.
Como bien concluyen los tributaristas tuiteros “Hasta que no construyamos un federalismo adulto, con provincias que asuman responsabilidades fiscales y rindan cuentas como corresponde, el desarrollo sostenible seguirá siendo una promesa eterna. Y la mesada, cada vez más difícil de justificar.”
Más allá de la voluntad política, los discursos emotivos y la urgencia social del aumento jubilatorio, la realidad fiscal es más cruda. El intento de financiar esta medida a través de un cambio técnico en el IVA parece, en los hechos, una ilusión contable.
Coincido plenamente con el diagnóstico técnico: la medida no generará mayor recaudación real. En el mejor de los casos, se trasladará de un bolsillo a otro sin impactar en el balance del Tesoro, y en el peor, se sumarán costos de cumplimiento y conflictos administrativos sin ningún beneficio.
El Estado necesita recaudar mejor, no más, y hacerlo con reglas claras, con responsabilidad fiscal real y con incentivos alineados al desarrollo. Mientras sigamos eligiendo parches discursivos y gestos simbólicos en lugar de reformas de fondo, la eficiencia seguirá siendo una palabra antipática... pero imprescindible.