Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se encuentran en estado de alerta debido a la posibilidad de enfrentar embargos de cuentas y ejecuciones fiscales a partir del jueves 1° de febrero. La medida que suspendía estos procedimientos venció el 31 de diciembre de 2023 y no ha sido renovada, dejando a las PyMEs en riesgo una vez concluida la feria fiscal.
La Resolución General de AFIP 5425, emitida en septiembre de 2023 por el ex candidato presidencial Sergio Massa durante la campaña electoral, suspendió el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares para los contribuyentes, al mismo tiempo que implementaba planes de pago.
Sin embargo, la norma tenía un plazo establecido hasta el 31 de diciembre de 2023 y, tras el fin de enero y la feria judicial, la amenaza de embargos y ejecuciones fiscales vuelve a ser inminente si la AFIP no emite una nueva resolución de suspensión, de acuerdo a la información brindada por la agencia NA.
Riesgo para las PyMEs
La situación económica actual, la caída del consumo y las deudas acumuladas por las PyMEs aumentan la gravedad de esta amenaza, poniendo en peligro la continuidad de muchas empresas en una posición financiera ya complicada.
Los contadores esperan una moratoria que permita regularizar las obligaciones de sus clientes, pero con la reciente exclusión del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que incluía una moratoria, las perspectivas no son alentadoras para los próximos meses.
Opiniones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas:
Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, señalan que la Resolución General 5425/2023 estuvo vigente solo para ciertas categorías de contribuyentes y que, aunque el 1 de febrero inicia el año judicial, se espera que la gestión de cobro compulsivo por parte del Fisco se reanude gradualmente.
Palabras de Expertos:
Ana María Kaiser, titular del Estudio Contable y Jurídico Kaiser & Montes, advierte que la falta de una resolución que amplíe las suspensiones permitirá a la AFIP embargar y comenzar nuevos juicios de ejecución fiscal, lo cual sería perjudicial para las PyMEs.
El empresario y economista Gustavo Lázzari se suma al llamado de atención, alertando sobre la falta de un nuevo proyecto que contemple una moratoria, y advierte que febrero podría ser una «carnicería fiscal» sin esta medida de alivio para el sector privado.
Conclusiones:
La incertidumbre actual destaca la urgencia de medidas que alivien la carga fiscal sobre las PyMEs y les permitan enfrentar estos desafíos económicos de manera más sostenible. La ausencia de una moratoria y la posible reanudación de embargos y ejecuciones fiscales plantean un panorama complicado para el sector empresarial en los próximos meses.
