El Gobierno remitió ayer miércoles al Congreso el paquete de reforma fiscal que hoy fue puesto a consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el marco de una reunión informativa y la presencia de numerosos funcionarios.
El Gobierno ha enviado al Congreso el tan esperado paquete de reforma fiscal, mostrando confianza en su aprobación esta vez. Entre las principales propuestas se encuentra el impulso de un piso en el impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, fijado en $1.800.000, con una tasa inicial del 5%.
La reforma fiscal también contempla la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, así como el impulso del Régimen de Regularización de Activos y modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.
Entre los cambios adicionales se encuentra la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, la actualización de pisos, y la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, junto con la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
Asimismo, según parlamentario.com, comenzó este jueves el debate del proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza José Luis Espert.
La reunión informativa cuenta con la presencia de una larga lista de funcionarios encabezados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el director de Análisis y Estadísticas Tributarias, José Antonio Salim.
Según la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno busca llevar el proyecto a discusión en un plenario de comisiones la próxima semana, con la intención de que se debata simultáneamente con la Ley Ómnibus, que será retomada a través de un nuevo dictamen basado en el texto que fue rechazado en febrero.
El nuevo texto de la mencionada Ley Bases consta de más de 180 páginas y 279 artículos, abarcando temas como privatizaciones, desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). También incluye la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, así como la delegación de facultades al Ejecutivo.
