Con la exposición de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, comenzó el debate sobre este proyecto que ya cuenta con media sanción de diputados. Tras la reunión se pasó a la firma del dictamen.
Luego de que el senador por Córdoba, Carlos Caserio (FdT), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diera inicio a la reunión, Marcó del Pont, titular de la AFIP, presentó los lineamientos y justificaciones necesarias para el tratamiento del proyecto, señala un comunicado del Senado de la Nación.
«Los recursos que se obtengan de este aporte van a ser aplicados a estos destinos tan sensibles y van a ampliar la capacidad del Estado Nacional para seguir desenvolviendo las políticas activas centrales de nuestra gestión durante el 2021», expresó la titular de la AFIP.
Al respecto, agregó que » se trata de poner en su justo lugar el tema de los impuestos y la competitividad sistémica de la economía argentina»
Respecto del universo de aportantes a este impuesto, Marcó del Pont, explicó que » de los datos preliminares y las primeras estimaciones sobre las declaraciones juradas que estamos procesando, en este momento, nos están dando que 11855 contribuyentes son los que deberían hacer el aporte».
La iniciativa en debate y con media sanción de la Cámara baja, propone un aporte extraordinario para aquellos patrimonios que sean superiores a los 200 millones de pesos que serán destinados a la atención de problemas sociales y sanitarios vinculados con la pandemia de COVID-19.
Marcó del Pont aclaró que «este es un proyecto que grava a los empresarios y no a las empresas» y explicó que del total de contribuyentes a bienes personales,» este impuesto extraordinario solo afecta al 1.2%» , a lo que agregó, «este aporte va a estar en cabeza del 3,2% de los y las contribuyentes y me parece relevante a la hora de dar esta discusión».
También sostuvo que, «en la composición de las declaraciones juradas de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera y cuando uno analiza ese patrimonio, casi el 93% está fuera de la Argentina y me parece importante que esta iniciativa que se está tratando sea más exigente para los que tengan activos en el exterior».
Haciendo referencia a los aportes provenientes del sector rural, la titular de la AFIP afirmó que «acá no se está gravando capital de trabajo de las empresas y no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para hacer frente a este aporte solidario».
Para ampliar el concepto anterior, fundamentó que «al mirar los datos sobre lo que declaran los contribuyentes solamente el 17% declara que tiene inmuebles rurales y solo el 2,4 % estaría afectado a este aporte».
Al finalizar Marcó del Pont, y luego de debatir entre los senadores, se acordó que le enviarán sus consultas y preguntas por correo electrónico.
Sin embargo, el senador por Mendoza, Julio Cobos (UCR) expresó que su bloque no acompañará el proyecto.
Caso contrario, sucedió con lo expresado por Caserio (FdT) quien confirmó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa tal como fue votada en Diputados y expresó que pondría a disposición el dictamen para la firma de los integrantes de la Comisión.
PUNTOS DESTACADOS
A continuación, un repaso por los puntos principales de la iniciativa, según el sitio parlamentario.com:
El aporte será “con carácter de emergencia” y por única vez, y recaerá sobre personas humanas residentes en el país con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. También quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país.
Del mismo modo, deberán pagar el aporte las personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales -definidos como “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”-.
El aporte empezará a regir desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.
La escala de cuánto deberán pagar los sujetos alcanzados según su patrimonio es la siguiente:
El destino que se le dará a la recaudación es el siguiente:
-Un 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria.
-Un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”.
-Un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.
-Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares.
-Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.
La AFIP será el organismo encargado de aplicar la ley y de dictar las normas complementarias determinando plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.
Si en los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, la AFIP detecta variaciones en los bienes sujetos al aporte “que hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”, podrá disponer que esos bienes queden gravados.
Según informó la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 9.298 personas en todo el país, de las cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos. Son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.
Las 1.860 personas restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores quedarían también alcanzadas.
Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos.
La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.
El aporte promedio sería de 33 millones de pesos.
Las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones de pesos aportarían la mitad de la recaudación total, unos 153.000 millones.
Fuente: Redacción BdC
