De acuerdo con el Decreto 209/2024, se fija en pesos treinta millones ($30.000.000) el capital social mínimo para constituir una sociedad anónima requerido por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 209/2024 publicado este viernes 1° de marzo en el Boletín Oficial, estableció una actualización significativa en el capital social exigido para la constitución de sociedades anónimas.
De acuerdo con el artículo 1° del mencionado decreto, se fija en pesos treinta millones ($30.000.000) el capital social requerido por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984. Esta medida, que entró en vigor de inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial según el artículo 2° del decreto, responde a la necesidad de ajustar el capital mínimo ante la crítica situación económica y financiera del país.
Los fundamentos del decreto señalan que la última actualización del capital social había sido establecida en el Decreto Nº 1331 del 1° de agosto de 2012 cuando el monto mínimo exigido se había fijado en $100.000.- Sin embargo, la inflación acumulada desde entonces hasta diciembre de 2023 ha superado el 3400 %, según los índices oficiales del INDEC.
La decisión se sustenta en la necesidad de adecuar el capital mínimo a la realidad económica del país, considerando la situación heredada por el nuevo gobierno que asumió funciones el 10 de diciembre de 2023. Se reconoce que la alta tasa de inflación podría prolongarse hasta que se implementen las medidas correctivas necesarias para restablecer el equilibrio macroeconómico.
Asimismo, se destaca que la modificación del monto del capital social responde a necesidades largamente postergadas y expresadas en diferentes ámbitos a lo largo de los años pasados. Además, se menciona que en el derecho comparado, el capital mínimo para la constitución de sociedades anónimas es considerado una práctica adecuada y recomendada en el ámbito de las regulaciones empresariales, al ser un elemento balanceador de la limitación de responsabilidad.
Según el Gobierno, esta actualización en el capital social busca garantizar la solidez y estabilidad de las sociedades anónimas en un contexto económico desafiante, marcado por una alta inflación y la necesidad de medidas correctivas para recuperar el equilibrio macroeconómico.