En el marco de los procesos periódicos dispuestos por la Resolución General 3832 del año 2016, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) limitó la CUIT de 8884 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), al detectar irregularidades vinculadas a su comportamiento tributario.

Según informó el fisco a través de un comunicado de prensa, se trata del 16.5% del universo total de este tipo de sociedades que actualmente es de 53.745 empresas.

Entre las inconsistencias detectadas, se observó que 5093 sociedades no presentan declaraciones juradas determinativas desde enero de 2022, mientras que otras 994 que sí realizaron sus presentaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias no registran en ellas operaciones vinculadas a compras, ventas, ingresos o gastos, al tiempo que tampoco informaron trabajadoras y trabajadores en sus nóminas.

También se contabilizaron otras 2797 sociedades que no registran inscripción en impuestos, señalaron desde el Organismo conducido por Carlos Castagneto.

Recordamos que en marzo de 2020, senadoras y senadores del Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley para suspender por 180 días la inscripción de las SAS. Entre sus fundamentos, los legisladores argumentan que, bajo esta figura, se hace ingresar al derecho societario, un vehículo jurídico irregular con nulo control estatal. También los senadores mencionan “hay verdaderos emprendedores a quien este tipo societario les puede facilitar su actividad empresarial pero con los controles estatales necesarios”.

Nuevo proyecto de ley para regular las SAS

El Senado llegó a aprobar en su momento un proyecto del senador Oscar Parrilli para suspender el sistema por 180 días, que perdió estado parlamentario en Diputados, donde el 9 de junio de 2021 había alcanzado a tener dictamen.

Esa iniciativa establecía que las SAS deberían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, como así también suspendía por seis meses la constitución e inscripción de SAS, indica el portal parlamentario.com.

Ahora la Cámara baja comenzó a tratar un proyecto de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca.

El proyecto de Martínez establece que dentro del plazo de 60 días corridos todas las SAS deberán acreditar su existencia ante un registro público, y presentar sus estados contables correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos.

La norma impulsada por el Frente de Todos advierte en la normativa “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”.

“En otras palabras, la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”, expresa el proyecto que basa tal tesitura en “la voz e intervención de distintos actores de la vida institucional, jurídica y de organismos de control”.

El proyecto cita puntualmente a los invitados a la reunión de este jueves, como este párrafo que adjudica al juez Erbetta: “La dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.

Los autores aclaran que la propuesta legislativa presentada “no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS”.

“Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”, concluyen los autores de la iniciativa, Martínez, Moreau y Penacca.