Guillermo Francos, jefe de Gabinete, anticipó que la próxima semana el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que permitirá utilizar dólares no declarados hasta 50 millones de pesos por mes sin necesidad de informar su origen. La iniciativa busca impulsar el consumo y facilitar créditos hipotecarios y compra de bienes, con un acortamiento de los plazos de prescripción. Según Francos, esta medida “será algo revolucionario” para el mercado local.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, anunció que la semana próxima el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que permitirá movilizar dólares que permanecen fuera del sistema, sin exigir información sobre su origen y con un tope de 50 millones de pesos mensuales. Según indicó a Infobae, esta medida incluirá compras y pagos sin controles patrimoniales y con una reducción del período de prescripción a dos años.
Según la agencia Noticias Argentinas, Francos señaló que esta iniciativa será “algo revolucionario”, destacando que muchos ciudadanos podrán pagar cuotas iniciales para créditos hipotecarios o adquirir bienes y equipamiento agrícola. Además, destacó que en la reunión del Gobierno nacional con 17 gobernadores, realizada por videoconferencia, se evidenció un “interés general por adherirse al sistema”.
El funcionario explicó que esta posibilidad de usar dólares no declarados no se origina en evasión fiscal, sino en operaciones de compra en el mercado paralelo, utilizadas por muchos argentinos para proteger sus ahorros. Subrayó que el objetivo es que las provincias no apliquen impuestos adicionales como Ingresos Brutos, lo que afectaría el incentivo previsto.
Francos mencionó que la movilización de fondos generará un fuerte impacto comercial y fiscal, beneficiando tanto a comerciantes como a industriales. “Con este proyecto mucha gente va a poder comprar autos, pagar equipamiento o conseguir créditos hipotecarios, movilizando la economía”, concluyó.
El contador tributarista Gustavo Diez cuestionó el alcance del nuevo esquema de “remonetización” anunciado por el Gobierno para canalizar dólares del sector privado hacia el circuito formal. En diálogo con Infobae en Vivo, Diez advirtió que, en la práctica, la propuesta oficial carece de cobertura legal, lo que implica un riesgo elevado para los contribuyentes.
Diez remarcó que la medida no constituye un blanqueo formal, sino un “régimen de flexibilización”, y subrayó que sin una reforma simultánea de la Ley de Procedimiento Tributario, la Ley Penal Tributaria y la Ley Cambiaria, los contribuyentes podrían quedar expuestos a sanciones y fiscalizaciones. Además, recordó que la última ley de blanqueo incluye una cláusula que impide volver a regularizar activos bajo otro régimen hasta 2038.
“Si hoy una persona va y compra una propiedad de 200.000 dólares, todavía no hay ninguna ley que lo cubra”, advirtió Diez según Infobae. También señaló que el Estado cuenta con un sistema de cruce de datos amplio (expensas, seguros, colegios), lo que puede dejar expuestos a los contribuyentes.
Además, destacó que la Provincia de Buenos Aires no participará de la iniciativa y que, según Cristian Girard, titular de ARBA, la decisión del Gobierno nacional de no ejercer controles “no implica condonación automática ni eliminación de obligaciones fiscales”.