La oposición logró este miércoles un triunfo político significativo al rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Cámara de Diputados aprobó la insistencia con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, superando por siete votos el umbral de dos tercios requerido por la Constitución.

De esta manera, la norma que había sido aprobada por ambas cámaras y luego vetada por Javier Milei sigue en pie. Si el Senado también consigue la misma mayoría especial, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgar la ley, según lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Nacional.

La Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. 

Su objeto, según el artículo 1°, es efectivizar la obligación del Estado argentino de garantizar los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional desde 2014. La ley es de orden público y rige en todo el país.

Entre las medidas que dispone se encuentran el financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901 mediante regímenes de emergencia para regularizar deudas, la compensación arancelaria y actualización automática de prestaciones, y el sostenimiento presupuestario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 

También prevé la actualización de la asignación estímulo en función del salario mínimo vital y móvil, la apertura de cupos en el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y la creación de mecanismos de diálogo institucional con las organizaciones representativas del sector.

Otro eje central es la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, compatible con el empleo formal siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. 

Además, garantiza cobertura de salud a través del Programa Médico Obligatorio y ordena la conversión automática de las pensiones ya otorgadas bajo el régimen anterior.

Durante el debate en Diputados, distintos bloques opositores resaltaron que el impacto fiscal estimado es de apenas 0,003 % del PBI, desmintiendo los argumentos oficiales de desfinanciamiento. El autor del proyecto, Daniel Arroyo, sostuvo que “el veto es absurdo porque la ley reordena un sistema colapsado y no implica mayor gasto”.

Si bien el rechazo en Diputados representa un fuerte revés para el Ejecutivo, el desenlace dependerá ahora del Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario todavía más complejo en la búsqueda de votos. Para las organizaciones de personas con discapacidad, la sanción definitiva de la norma sería una reivindicación largamente esperada frente a la crisis de financiamiento y acceso a prestaciones.