El Senado de la Nación aprobó nuevamente la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial docente y no docente, con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Sin embargo, una vez girada la norma a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei anticipó que volverá a vetarla, tal como sucedió en octubre de 2024.
La votación contó con el respaldo de Unión por la Patria, el radicalismo, parte del PRO, Unidad Federal, legisladores provinciales y bloques federales, mientras que los votos negativos provinieron de La Libertad Avanza y aliados cercanos al oficialismo, según informó el sitio parlamentario.com.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Eduardo “Wado” De Pedro, destacó que la norma busca garantizar la continuidad del sistema universitario: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula y los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo. Este proyecto recompone salarios, actualiza el presupuesto por IPC, aumenta las becas y obliga a convocar la paritaria nacional docente”.
En la misma línea, el senador radical Maximiliano Abad subrayó que “no es un problema de recursos, sino de prioridades” y cuestionó que el Gobierno insista en desconocer la crisis universitaria.
La cordobesa Alejandra Vigo (Hacemos Unidos) sostuvo que “es evidente que no hay voluntad de invertir en la educación” y defendió el proyecto como una herramienta básica para sostener la movilidad social ascendente.
La tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) consideró que la norma expresa “un federalismo real”, mientras que el radical Martín Lousteau recordó que “las universidades son parte sustancial del sistema científico y tecnológico argentino” y advirtió que los salarios docentes están hoy “por debajo del nivel de 2002 en términos de poder adquisitivo”.
Por su parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UP) advirtió que “el presupuesto universitario real cayó un 46,7% desde diciembre de 2023” y que el 70% de los docentes tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza.
En contraposición, el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (LLA), defendió la política del Gobierno y cuestionó el costo de las universidades creadas en los últimos años. “No estamos dispuestos a pagarle la fiesta a ninguna universidad a la que le cueste casi 500 millones de pesos cada egresado”, afirmó.
La norma, redactada con aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y presentada en Diputados por Blanca Osuna, dispone:
El proyecto también aclara que los créditos presupuestarios deberán garantizar la continuidad de los servicios universitarios sin afectar la coparticipación federal de impuestos ni los ATN a las provincias.
La iniciativa se sancionó en septiembre de 2024 con amplia mayoría y fue vetada en octubre por Milei, bajo el argumento de que implicaba un gasto excesivo y afectaba la política de déficit cero.
La nueva sanción repite el escenario: pese al consenso legislativo, el oficialismo ratificó que el presidente ejercerá nuevamente el veto total, lo que profundiza la tensión entre el Gobierno y el sistema universitario.