El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó a la Legislatura los proyectos de Código Fiscal y Ley Impositiva 2026. Entre los puntos más destacados:
El Ejecutivo porteño remitió a la Legislatura el paquete tributario 2026, compuesto por el Proyecto de Modificaciones al Código Fiscal (Expte. 2630-J-2025) y la Ley Impositiva 2026 (Expte. 2631-J-2025), que regirá desde el 1° de enero de 2026.
Cabe destacar que a partir del próximo año se reemplaza la denominación “Ley Tarifaria” por Ley Impositiva y Ley Arancelaria, separando tributos de aranceles. De esta manera, las alícuotas correspondientes a los derechos, rentas diversas, arrendamientos, cánones y demás tarifas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal, se detallan en el Proyecto de Ley Arancelaria 2026 (Expte. 2632-J-2025).
Uno de los cambios más relevantes es la unificación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos con el Monotributo nacional, dentro del Sistema Único Tributario. Esto permitirá que los pequeños contribuyentes queden categorizados bajo los mismos parámetros que la Ley 24.977, con procedimientos simplificados de inscripción, recategorización, fechas de pago y control.
El proyecto establece bonificaciones de hasta 100% en Ingresos Brutos para personas humanas en la categoría más baja de servicios, y hasta el 75% en las seis categorías siguientes.
Uno de los cambios más importantes es la adhesión al régimen nacional de transparencia fiscal, que obliga a los contribuyentes de Ingresos Brutos a discriminar en facturas y tickets el monto del impuesto incluido en el precio final.
El objetivo es brindar claridad al consumidor sobre la carga tributaria en cada operación, alineando a la Ciudad con las normas nacionales impulsadas por ARCA.
La compraventa de criptomonedas —que hasta ahora estaba gravada como cualquier actividad económica habitual bajo el art. 208 del Código Fiscal, es decir, sobre el total de la venta— pasa a tener un tratamiento especial.
El Proyecto de Código Fiscal 2026 la incorpora expresamente al régimen de base imponible diferencial (art. 231), similar al oro y a las divisas. A partir de 2026, el impuesto se calculará únicamente sobre la diferencia entre el precio de compra y de venta, y no sobre el total facturado.
De acuerdo con la Ley Impositiva 2026, estas operaciones tributarán a una alícuota del 6%, consolidando por primera vez en la Ciudad una regulación específica para activos digitales.
Este tratamiento alcanza a quienes realicen la actividad de manera habitual y onerosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en los arts. 208 a 211 del Código Fiscal. La habitualidad se determina por la índole de la actividad y la continuidad con que se lleva a cabo, incluso si es variable o discontinua, mientras que la territorialidad implica que el hecho imponible se configura cuando la operatoria se desarrolla en la jurisdicción porteña, sin importar el lugar del contrato o la plataforma utilizada.
En síntesis, estarán alcanzados todos los residentes o empresas que operen en la Ciudad, que de manera profesional o recurrente intermedien o comercialicen criptoactivos.
La AGIP podrá fijar un Valor Locativo de Referencia para contratos de alquiler, aplicable cuando supere el precio pactado.
Se prevé además una condonación de deudas 2025 de Inmobiliario y ABL para instituciones de discapacidad que cumplan los requisitos de la Ley 24.901.
En Patentes, se mantiene la exención a vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad y se aclara el tratamiento en casos de leasing.
Se otorgarán bonificaciones de hasta 10% en Inmobiliario y Patentes para contribuyentes que adhieran a débito automático y boletas digitales.
Los clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro quedan exentos de ABL y Patentes, salvo aquellos vinculados con el fútbol profesional de primera división.
Se elimina el recurso de reconsideración, quedando solo el recurso jerárquico como vía administrativa, lo que busca acortar plazos y facilitar la revisión judicial.
A su vez, se endurecen las sanciones a los agentes de recaudación que no ingresen en término lo retenido o percibido, con multas del 200% al 1.000% del impuesto omitido.