La propuesta de Emmanuel Álvarez Agis de crear un impuesto al efectivo para reemplazar el impuesto al cheque busca formalizar la economía, pero se adiverte de antemano que ambos tributos son distorsivos, regresivos y desincentivan la bancarización.
El economista Emmanuel Álvarez Agis propuso reemplazar el impuesto al cheque por un “impuesto al efectivo”, con el objetivo declarado de formalizar la economía y fomentar el uso de medios de pago digitales.
La idea consiste en gravar las extracciones de dinero en efectivo de las cuentas bancarias, de modo que quien retire billetes pague una alícuota —se habló de hasta el 10 %— para desincentivar el uso de efectivo.
Sin embargo, la propuesta repitió el error de origen del sistema tributario argentino: creer que con más impuestos se resuelven los problemas estructurales de informalidad y evasión.
Todo tributo se compone de elementos esenciales: hecho imponible, sujeto activo y pasivo, base imponible, alícuota, período fiscal, determinación, exenciones e infracciones.
Cuando se analizan estos componentes en el “impuesto al efectivo”, el resultado es alarmante:
El hecho imponible —retirar o usar dinero propio— no refleja capacidad contributiva, sino una simple decisión de liquidez.
El sujeto pasivo sería cualquier persona o empresa que extraiga efectivo, afectando especialmente a pymes y trabajadores no bancarizados.
La base imponible carece de lógica económica, porque grava fondos que ya tributaron otros impuestos.
La alícuota propuesta (10%) es confiscatoria y genera incentivos para evadir o eludir el impuesto.
En resumen, el nuevo impuesto no cumple los requisitos jurídicos básicos de un tributo equitativo ni respeta los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad.
El impuesto al cheque —creado en 2001 por Ley 25.413 como medida transitoria— se transformó en una fuente de recaudación estable pero altamente distorsiva. Grava los débitos y créditos bancarios con una alícuota del 0,6 % por movimiento, sin distinguir si se trata de utilidades, pagos o simples transferencias internas.
El resultado: penaliza a quienes están dentro del sistema financiero y fomenta la informalidad.
Muchas pymes y comercios evitan bancarizar sus operaciones para no pagar un tributo que grava su propio dinero, generando el mismo efecto que el impuesto al efectivo pretende corregir.
Ambos comparten el mismo defecto estructural: castigan al que cumple y benefician al que evade.
Muchos tributaristas coinciden en que no hace falta crear un impuesto nuevo, sino desarmar el entramado de retenciones y percepciones que ahogan al contribuyente formal.
Sistemas como SIRCREB, SIRCUPA, SIRCAR y otros regímenes de recaudación anticipada de Ingresos Brutos multiplican las retenciones automáticas, generan saldos a favor permanentes y quitan liquidez a las empresas.
“La idea de formalizar la economía no se logra inventando nuevos tributos, sino eliminando el ridículo impuesto al cheque y todos los regímenes de recaudación que hacen imposible trabajar en blanco.”
La formalización no se impone a través de impuestos, sino con simplificación tributaria, previsibilidad y confianza en el sistema financiero.
Una reforma genuina debería incluir:
Eliminación progresiva del impuesto al cheque.
Derogación o unificación de los regímenes de percepción y retención provinciales.
Compensación automática de saldos a favor.
Incentivos reales a la bancarización, no castigos.
Solo así la economía puede avanzar hacia un sistema más justo, eficiente y competitivo.
El impuesto al efectivo propuesto por Álvarez Agis y el impuesto al cheque vigente son dos caras de la misma distorsión fiscal: gravar el dinero por circular. Ambos desalientan la formalización, reducen la liquidez y aumentan la evasión.
En lugar de inventar nuevos tributos para tapar los agujeros del sistema, Argentina necesita una limpieza profunda de su estructura impositiva: menos impuestos, menos regímenes de recaudación y más incentivos a producir.