La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, impulsado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema tributario y el Régimen Penal Tributario.
La iniciativa fue aprobada con 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones, en una sesión extensa y con fuerte debate político.
Desde el oficialismo se destacó que el proyecto introduce un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia y en la priorización de la regularización voluntaria por sobre la persecución penal.
Uno de los ejes centrales es la actualización de los umbrales penales, reservando la intervención penal para casos de evasión relevante. La evasión simple solo será delito si supera los $100 millones, mientras que la evasión agravada requerirá un perjuicio superior a $1.000 millones.
El proyecto también permite evitar la denuncia penal si la deuda se cancela antes de la denuncia y extinguir la acción penal mediante el pago del tributo, intereses y un adicional del cincuenta por ciento cuando la causa ya esté iniciada.
En materia procedimental, se establece una reducción del plazo general de prescripción de cinco a tres años para contribuyentes que presenten sus declaraciones juradas en término, manteniéndose plazos más extensos para no inscriptos.
Otro aspecto relevante es la presunción de exactitud de las declaraciones juradas, salvo que exista una discrepancia significativa, concepto que queda expresamente definido en la ley y opera como filtro para la fiscalización.
El proyecto incorpora además un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones, que tributarán exclusivamente sobre lo facturado, sin control del crecimiento patrimonial ni de los consumos.
En paralelo, se actualizan de forma sustancial las multas y sanciones de la Ley 11.683, con incrementos de hasta 300 veces respecto de los valores vigentes, elevando significativamente los montos mínimos y máximos por infracciones formales y omisiones informativas.
En este sentido, las multas mínimas por infracciones formales pasan de $200 a $220.000, mientras que las máximas escalan de $400 a $440.000. La omisión de presentación de declaraciones juradas informativas pasará a sancionarse con multas de $5 millones a $10 millones.
Recordamos que en el debate de comisiones, se incorporó al texto de la ley la actualización de los montos fijos expresados en pesos por la unidad de valor adquisitivo (UVA) lo cual permite preservar el valor real y la función normativa de los montos establecidos por la ley.
La actualización anual por UVA incluye no solo aquellos montos que operan como umbrales para la configuración de delitos (penal tributaria) y la aplicación de sanciones (multas ley de procedimiento), sino también los que definen el acceso a regímenes de cumplimiento simplificado, en particular el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
El regimen de actualización de los montos establecidos por la ley, aplicará a partir del 1º de enero de 2027, considerando la variación anual de la unidad de valor adquisitivo (UVA), operada entre los meses de enero a diciembre del año calendario inmediato anterior al del ajuste.
Desde la oposición se cuestionó la iniciativa por considerar que favorece la evasión y el lavado de activos, aunque las objeciones no lograron modificar el texto aprobado.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto de Inocencia Fiscal pasó al Senado, donde continuará su tratamiento en un contexto de alta controversia política y económica.