Sujetos Obligados UIF: actualización de umbrales para el sector automotor

La Resolución de la UIF 71/2024 ajusta los umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización, en línea con estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución 71/2024, publicada en el Boletín Oficial el miércoles 15 de mayo de 2024, que dispone ajustes significativos en los umbrales para el sector automotor y las sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.

Esta medida modifica disposiciones previas contenidas en las Resoluciones UIF N° 127/2012, 489/2013 y 169/2023, y sus respectivas modificatorias.

En detalle, se destacan los siguientes cambios:

  • Perfil del cliente en el sector automotor: El monto anual a partir del cual los Sujetos Obligados deben definir un perfil de cliente en operaciones relacionadas con automotores se incrementa de $26.036.545 a $60.000.000.
  • Reportes sistemáticos de cesión, reinscripción y cancelación anticipada de prendas: La valuación de los automotores a partir de la cual los Sujetos Obligados deben reportar sistemáticamente estas operaciones se eleva de $12.802.953 a $26.000.000.
  • Reportes sistemáticos de adquisición de automotores: La valuación de los automotores a partir de la cual los Sujetos Obligados deben reportar sistemáticamente estas operaciones se incrementa de $11.522.654 a $26.000.000.
  • Reportes sistemáticos en sociedades de capitalización y ahorro: El importe a partir del cual estas sociedades deben reportar sistemáticamente las operaciones de precancelación de operaciones se eleva de $9.776.799 a $25.000.000, y el monto de las operaciones para el reporte sistemático en caso de cambio de beneficiarios y/o cesiones de planes aumenta de $6.517.864 a $23.000.000.

Además, la resolución elimina la obligación de reporte sistemático de expedición de cédulas azules prevista en una disposición anterior.

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Estas adecuaciones, que entrarán en vigor a partir del 15 de mayo de 2024, buscan optimizar la administración de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en línea con los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de los cuales la República Argentina es miembro pleno desde el año 2000.

Según la normativa, la necesidad de la actualización de los montos previstos en las resoluciones pertinentes se fundamenta en dos razones principales. En primer lugar, se reconoce que, si bien la UIF ya había realizado ajustes para facilitar la gestión de riesgos por parte de los Sujetos Obligados en términos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la realidad actual ha revelado un desfasaje en los valores establecidos. Este desajuste hace que sea aconsejable mejorar y actualizar el sistema implementado para asegurar su eficacia y alinearlo con los estándares internacionales definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En segundo lugar, se señala que esta situación también afecta a las disposiciones que deben seguir las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores como así también las sociedades de capitalización, de ahorro, y préstamo. Por lo tanto, para garantizar una prevención eficaz del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, se considera oportuno actualizar los umbrales establecidos en las distintas resoluciones mencionadas.

Esta actualización se plantea desde una perspectiva que busca cumplir con los estándares internacionales promovidos por el GAFI, los cuales han sido receptados por la legislación nacional, en este caso, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. De esta manera, se busca garantizar que el marco regulatorio argentino esté alineado con las mejores prácticas internacionales en la prevención de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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