La Secretaría de Transporte ha emitido un comunicado informando sobre una importante medida destinada a reestructurar la distribución de subsidios en el transporte público, con el fin de brindar una asistencia más directa a los usuarios que más lo necesitan.

En línea con los objetivos trazados al inicio de la gestión, se ha tomado la decisión de reducir el subsidio otorgado a las empresas prestatarias de servicios de Jurisdicción Nacional. Esto permitirá canalizar de manera más efectiva la ayuda a través de la tarjeta SUBE, beneficiando directamente a los usuarios más vulnerables.

Una de las acciones inmediatas en esta dirección es poner fin al congelamiento de tarifas en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción Nacional. Esta medida busca otorgar mayor protagonismo a la tarifa en la cobertura de costos operativos, implicando una reducción considerable de los subsidios destinados a las empresas.

Además, se anuncia la eliminación del Fondo Compensador del Interior, cuyos fondos también eran asignados a empresas prestadoras de servicios fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Estas decisiones están en consonancia con el Pacto Fiscal firmado entre Gobernadores Provinciales y el Gobierno Nacional en años anteriores, donde se acordó eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que las provincias asumirían la responsabilidad de definir compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros en sus jurisdicciones.

Se reitera que los usuarios que necesiten asistencia del Estado Nacional seguirán recibiendo el Atributo Social en todo el territorio nacional donde opera la tarjeta SUBE. Esta ayuda, que garantiza un descuento del 55% en la tarifa del transporte público, se mantendrá uniforme para todos los beneficiarios, sin importar su ubicación geográfica.

El comunicado destaca que la prioridad del Gobierno Nacional es asegurar que los fondos lleguen de manera directa a los ciudadanos que más lo necesitan, sin intermediarios, con el objetivo de garantizar una distribución más equitativa y eficiente de la asistencia pública en el transporte.