En el día de ayer, en el Salón Illia, se llevó a cabo una sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el Senador Juan Carlos Pagotto (LLA) y de Presupuesto y Hacienda, bajo la presidencia del Senador Ezequiel Atauche (LLA).

El propósito de esta reunión fue emitir dictamen sobre el proyecto de ley en revisión que busca modificar el Código Penal en relación con la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta decisión se tomó después del receso de la semana pasada.

Según la información publicada por Télam, la iniciativa contó con el apoyo de los legisladores de La Libertad Avanza, PRO, el radicalismo, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y Cambio Federal. La intención del oficialismo y de los bloques que apoyaron la iniciativa es sesionar este viernes 23 de febrero en la Cámara.

El apuro por sancionar la ley está vinculado con que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comenzará a realizar su evaluación a la Argentina el 3 de marzo y la finalizará el 23 del mismo mes.

El país necesita tener aprobada la norma para no caer en la denominada Lista Gris de países con legislación endeble en materia de lavado de activos.

Además, también genera apuro que el anteúltimo artículo del proyecto venido de la Cámara de Diputados establece que la ley entrará en vigencia “a los treinta días corridos de su publicación en el Boletín Oficial”.

Los ejes centrales del proyecto de ley sobre Lavado de Activos

El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.

Uno de los artículos del proyecto amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.

Uno de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el artículo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.

El Senador Pagotto, al inicio de la sesión, declaró: «Hemos mantenido dos reuniones informativas respecto a esta media sanción proveniente de la Cámara de Diputados que se encuentra en revisión. Es lamentable la urgencia con la que debemos abordar este tema. Ya hemos discutido extensamente sobre esto en reuniones previas porque estamos tratando un asunto de suma importancia para el Estado».

Asimismo, resaltó la importancia de cumplir con los compromisos internacionales, señalando que «el 3 de marzo tendremos la inspección del GAFI, lo que implica que Argentina debe cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Debemos brindar al Estado todas las herramientas necesarias para beneficiarnos de estar en línea con las normativas que establece el GAFI en relación con el lavado de activos».

Este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados en abril del año pasado y posteriormente pasó al Senado, donde fue debatido en una única ocasión en julio.

El artículo quinto del proyecto fue cuestionado por todos los sectores porque dejaba en el ámbito del Ministerio de Economía a la Unidad de Información Financiera.

De hecho, durante la anterior reunión plenaria de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda la oposición planteó introducirle cambios al proyecto y que vuelva a Diputados.

Sin embargo, los legisladores de la oposición que firmaron el dictamen lo hicieron en base a una promesa que, según admitieron a Télam, les hizo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, vinculada a que una vez que la iniciativa sea sancionada el Poder Ejecutivo vetará el artículo que genera las disidencias.

De ser así, la norma quedará, en ese punto, completada por la actual legislación que establece que la UIF se mantiene en la jurisdicción del Ministerio de Justicia.

Según el informe de prensa emitido por el Senado, la semana pasada, se reanudó la discusión en la Cámara alta, con la presencia de Ignacio Yacobucci, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de dicha institución.

Dictamen del proyecto de ley sobre Lavado de Activos