Los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunciaron un paro de tres días en respuesta a la decisión del Gobierno nacional de disolver la agencia impositiva. La reestructuración contempla la creación de un nuevo organismo llamado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que, según el Ejecutivo, implicará menos burocracia y un ahorro anual de $6.400 millones. Las jornadas de paro se realizarán entre el 23 y el 25 de octubre, con una interrupción de actividades de dos horas diarias.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar el cambio, justificando la decisión como una forma de reducir costos y simplificar el sistema. La nueva ARCA absorbería las funciones de las Direcciones Generales de Impuestos y de Aduanas, recortando un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores en la estructura del organismo actual.
Los gremios que representan a los trabajadores, AEFIP y SUPARA, rechazaron enérgicamente la medida, calificándola como un “brutal avasallamiento” contra los derechos laborales. En un comunicado, los representantes sindicales destacaron que la reestructuración no solo provocaría despidos masivos, sino que también generaría una incertidumbre jurídica sobre el nuevo estatus de la entidad que reemplazará a la AFIP. “La decisión es ilegal e inconstitucional”, afirmaron los secretarios generales Carlos Sueiro (SUPARA) y Pablo Flores (AEFIP).
Además del paro de actividades, los gremios informaron que realizarán asambleas en los lugares de trabajo y llevarán a cabo un apagón informático. Estas medidas son parte de un plan de acción que podría intensificarse en caso de que el Gobierno no revierta la decisión. “Nuestra organización está en estado de alerta y movilización permanente”, señalaron, dejando abierta la posibilidad de profundizar las medidas en los próximos días.
El conflicto no solo afecta a los trabajadores, sino que también podría tener un impacto significativo en la recaudación impositiva y en las operaciones aduaneras. Los gremios subrayaron que las medidas del Gobierno vulneran la paz social y amenazan con generar consecuencias políticas y económicas negativas.
El conflicto no solo afecta a los trabajadores, sino que también podría tener un impacto significativo en la recaudación impositiva y en las operaciones aduaneras.
La disolución de la AFIP ha sido presentada por el Gobierno como una reforma necesaria para mejorar la eficiencia del sistema tributario, pero ha generado una fuerte resistencia por parte de los empleados del organismo, quienes ven en la medida una amenaza a sus condiciones laborales y una desvalorización del rol del Estado en la administración de los recursos públicos.
Por su parte, el Gobierno insiste en que la creación de la ARCA permitirá un mejor control y recaudación de impuestos, aunque aún no ha dado detalles específicos sobre cómo se llevará a cabo la transición ni cuántos empleados serían afectados por los recortes. Los próximos días serán clave para definir el rumbo de este conflicto, que ya está generando una fuerte tensión entre el Ejecutivo y los gremios del sector.
