El organismo ejercerá las funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
La Comisión Nacional de Valores (CNV) trabaja para adecuar e implementar el alcance de la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
La Ley N° 27.739, aprobada el pasado 14 de marzo en el Senado, reforma la Ley N° 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en el año 2000.
La reforma establece nuevas facultades para la CNV, entre ellas se destaca la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), a través del cual centralizará la información adecuada, precisa y actualizada sobre todas las personas humanas y jurídicas que revisten el carácter de proveedores de registros virtuales.
Además, el organismo ejercerá las funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de dichos proveedores. La sanción de la Ley y su promulgación se da en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina de GAFI/GAFILAT.
En este sentido Roberto E. Silva, presidente de la CNV destacó “venimos trabajando desde que la posibilidad de que se sancione la Ley se volvió una probabilidad cierta, ahora que es una realidad avanzaremos en la creación del registro de proveedores de activos virtuales en cumplimiento con las recomendaciones de GAFI”.
Por su parte, la directora Sonia F. Salvatierra, vocal del directorio de CNV que acompañó recientemente el inicio de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dijo que “para la CNV es muy importante acompañar y cumplir con la evaluación de GAFI/ GAFILAT. Por ello, nuestro equipo está abocado en cumplir metas y recomendaciones con el objetivo de lograr el fortalecimiento e impulsar el desarrollo del mercado de capitales de Argentina”.
Por último, el directorio de la CNV integrado también por Patricia Boedo, afirmó que “se va a hacer una tarea coordinada con UIF, organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas para que el resultado de la implementación de la nueva normativa sea eficaz y transparente, genere nuevas oportunidades en el combate contra el crimen organizado, propicie la efectividad del sistema preventivo y represivo, promueva el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado e impulse la adaptación a nuevas tecnologías”.
Apoyo de la Cámara Argentina Fintech
En un comunicado publicado el mismo día en que se sancionó la ley 27739, la Cámara Argentina Fintech reiteró su determinación a seguir trabajando por una reglamentación inteligente y progresiva de la norma, que potencie el desarrollo de la industria de activos virtuales -popularmente conocidos como “criptomonedas”-, genere un marco de desarrollo para los Proveedores de Servicios de activos virtuales, proteja a sus usuarios, y formalice el alineamiento del país con estándares internacionales con los que ya cumplen las empresas.
El comunicado señala que la Cámara y las empresas del sector acompañan desde hace más de un año en mesas de trabajo tanto a la UIF como a la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo fijado por la Ley como encargado del registro, regulación y supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), figura que agrupa a exchanges y plataformas de operación de las popularmente conocidas como “criptomonedas”.
«El objetivo de la Cámara es encontrar una reglamentación que tenga en el centro la protección de los usuarios, un adecuado enfoque de riesgo y un período de adecuación de 18 meses, del mismo modo que se hizo en otros países. Este proceso debe incluir una correcta coordinación entre la UIF, la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para asegurar que el ingreso a las plataformas -las llamadas “rampas”- y otros movimientos de dinero fiat no sufran demoras ni haya inconvenientes que afecten a los usuarios», señala el texto de los empresarios Fintech.
«La industria entiende que, dada la naturaleza de los activos virtuales, un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y tendencia a operar hacia exchanges extranjeros/desregulados, contrariando los objetivos pregonados por la normativa y afectando gravemente a la industria y a los usuarios de las más de 10 millones de cuentas de activos virtuales que usan para pagar, ahorrar e invertir su dinero, como a los PSAV, y posicionar al país como líder global en regulación cripto», finaliza el comunicado de la Cámara.
