El Poder Ejecutivo dispuso el veto total del proyecto de ley 27.790, que había sido sancionado por el Congreso para declarar la emergencia por 180 días en Bahía Blanca y Coronel Rosales y crear un fondo de $200.000 millones para atender los daños de las inundaciones de marzo 2025. Según el decreto 424/2025 publicado en el Boletín Oficial, ya se ejecutaron medidas equivalentes mediante el Decreto 238/2025 —incluyendo el programa SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)— y se objeta además que el proyecto no prevé una fuente de financiamiento, violando las leyes 24.156 y 24.629.

El Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que había sido aprobado por el Congreso para declarar la emergencia por 180 días en parte de la provincia de Buenos Aires, específicamente en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, como consecuencia de las inundaciones ocurridas en marzo de 2025, y que proponía la creación de un fondo especial de $200.000 millones.

De acuerdo con el Decreto 424/2025, publicado el 24 de junio en el Boletín Oficial, la decisión se fundamenta en que las medidas contenidas en el proyecto ya fueron adoptadas mediante el Decreto 238/2025, el cual creó un fondo de asistencia directa y puso en marcha el programa S.U.R. (Suplemento Único para la Reconstrucción), financiado en parte por un préstamo contingente del BID.

Según lo informado, más del 85 % de los inscriptos al programa S.U.R. ya cobraron el subsidio, y los restantes casos están en proceso de análisis. La autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad Nacional, continúa con la ejecución final del fondo, mientras que la localidad de Coronel Rosales no fue incluida en el programa por no haber sido identificada como zona crítica por informes técnicos.

Además, el Poder Ejecutivo cuestionó que el proyecto de ley no identifica una fuente específica de financiamiento, lo que infringe la Ley de Administración Financiera (24.156) y la Ley 24.629, que exigen previsión presupuestaria para toda erogación autorizada por ley.

El Gobierno recordó que el fondo creado por el Decreto 238/25 se financia parcialmente con el préstamo BID AR-O0016, autorizado por el Decreto 818/2022, destinado justamente a atender desastres naturales. El BID reconoció la elegibilidad del evento mediante nota oficial.

El veto fue justificado también como una medida necesaria para resguardar los objetivos de política fiscal, al evitar duplicar recursos ya ejecutados y preservar la racionalidad del gasto público. Según el Ejecutivo, aprobar el proyecto hubiese implicado asignar nuevamente $200.000 millones a una asistencia que ya está mayoritariamente implementada.

Finalmente, se destaca que el veto total fue dictado conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional, y que su uso no implica desconocer la voluntad legislativa, sino ejercer una atribución legítima dentro del proceso de formación de las leyes.