Con el Decreto 339/2025, el Gobierno dispuso la eliminación de numerosos programas de fomento estatal a PyMEs y jóvenes emprendedores, entre ellos el sistema de información MIPyME, la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven y los consorcios exportadores PyME. La medida responde al proceso de reorganización y reducción de la estructura estatal autorizado por la Ley 27.742 y el DNU 70/23, y tiene como objetivo fomentar la libre iniciativa privada.
En el marco de su plan de reforma estructural del Estado y de desregulación económica, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 339/2025, mediante el cual se derogan numerosos artículos clave de la Ley PyME (24.467) y de la Ley 25.872 sobre apoyo al empresariado joven.
La medida implica la eliminación de múltiples herramientas de intervención estatal, como:
El decreto establece que estos instrumentos, vigentes desde hace más de dos décadas, resultan hoy incompatibles con el nuevo esquema económico basado en la libre competencia, el achicamiento del Estado y la asignación eficiente de los recursos públicos.
Según los fundamentos de la norma, estas herramientas distorsionan los precios, inhiben la dinámica de mercado y generan estructuras estatales redundantes, por lo que su continuidad resulta contraria a lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y la reciente Ley 27.742 de Bases, que declaró la emergencia pública y facultó al Ejecutivo a reorganizar y suprimir funciones estatales no esenciales.
El artículo 1° del decreto suprime:
Estos artículos abarcaban, entre otros, programas de internacionalización comercial, certificación de calidad, especialización productiva, capacitación empresarial y mecanismos institucionales de seguimiento del impacto sobre el empleo.
El Decreto 339/2025 entró en vigencia el 20 de mayo de 2025, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su control legislativo, conforme lo establece la Ley 26.122 sobre decretos delegados.
El artículo 2° aclara que, pese a las derogaciones, el Estado debe cumplir las obligaciones vigentes previamente asumidas en el marco de estos programas.