• El Decreto 534/2025 del Poder Ejecutivo Nacional veta en su totalidad los proyectos de ley 27.791, 27.792 y 27.793 que habían sido sancionados por el Congreso el 10 de julio de 2025. 
• La medida fue adoptada ante el impacto fiscal que implicaría su implementación—más de $7 billones en 2025 y $17 billones en 2026, según el Gobierno—y por graves vicios en el procedimiento legislativo, especialmente en el Senado. 
• Los proyectos vetados disponían un aumento extraordinario de las jubilaciones del 7,2%, una ayuda económica previsional de $110.000, la prórroga del régimen de moratoria, y la declaración de emergencia en discapacidad con creación de nuevas pensiones. 
• El Ejecutivo argumentó que las normas contravienen el principio de equilibrio fiscal del Pacto de Mayo y carecen de financiamiento concreto.

A través del Decreto 534/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional vetó totalmente los proyectos de ley 27.791, 27.792 y 27.793, sancionados por el Congreso el pasado 10 de julio. La decisión responde, según el texto oficial, a cuestiones de sustentabilidad fiscal, deficiencias técnicas y serias irregularidades en el procedimiento parlamentario.

“La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, expresa el decreto.

Los proyectos rechazados contemplaban medidas de fuerte impacto social, como:

• Un aumento extraordinario del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones pagadas por ANSES.
• Una ayuda económica previsional mensual de hasta $110.000, acumulativa al haber.
• La prórroga del régimen de moratoria previsional por dos años, permitiendo jubilarse sin tener los aportes completos.
• La reducción de edad para acceder a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) en el caso de mujeres.
• La declaración de emergencia nacional en discapacidad, creación de nuevas pensiones no contributivas, actualización mensual de aranceles y compensaciones a prestadores.

Según el análisis del Ejecutivo, la implementación de estas medidas implicaría un gasto adicional superior a los $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026, lo que representa un 0,90% y 1,68% del PBI, respectivamente. Además, el decreto argumenta que las fuentes de financiamiento propuestas eran insuficientes o inexistentes.

De acuerdo a lo indicado en el propio decreto, la creación de la ayuda económica previsional y la ampliación de la PUAM constituyen una reforma estructural del sistema previsional, sin estudios actuariales que justifiquen su sostenibilidad.

El texto oficial también cuestiona la legalidad de la sesión del Senado del 10 de julio, señalando que se habría realizado sin citación formal ni dictámenes válidos, violando el reglamento interno. Esto, advierte el Gobierno, configura una nulidad insalvable en el proceso legislativo.

El decreto destaca además que más del 55% de las jubilaciones otorgadas desde 2005 fueron por moratoria, y que continuar con ese esquema compromete la equidad y los incentivos al trabajo formal.

En cuanto a la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo señaló que la creación de la nueva pensión no contributiva y la ampliación del “Programa Incluir Salud” generarían gastos adicionales no contemplados, y que la actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad impactaría negativamente sobre el Fondo Solidario de Redistribución.

Finalmente, el texto sostiene que las medidas sancionadas por el Congreso violan principios establecidos en el Pacto de Mayo, en especial el de equilibrio fiscal innegociable, y que su promulgación obligaría al Gobierno a emitir, endeudarse o subir impuestos.

El Gobierno reafirmó que su prioridad es mantener la emisión cero y la disciplina fiscal, y que seguirá implementando políticas sustentables para proteger el poder adquisitivo sin comprometer el futuro.