El Poder Ejecutivo Nacional oficializó mediante el Decreto 726/2025 la reducción temporal al 0% en el Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en diversas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), vinculadas a productos de aluminio, acero y sus derivados.
La norma —publicada en el Boletín Oficial del 8 de octubre de 2025— entrará en vigencia el día siguiente y será aplicable a las operaciones de exportación que se efectivicen hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive, o hasta que se verifique una reducción de los aranceles de importación por parte de los países de destino, lo que ocurra primero.
Según el texto, la medida apunta a mitigar los efectos del proteccionismo internacional que afecta a la industria argentina de metales, ante la aplicación de aranceles “ad valorem” elevados (45% o más) por parte de algunos mercados externos.
De acuerdo al considerando del decreto, el objetivo principal es promover la competitividad del sector exportador, asegurar el máximo valor agregado nacional y fortalecer la industria del acero y el aluminio, consideradas estratégicas por su impacto en el empleo y las cadenas de valor.
El artículo 2° del decreto designa a la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, facultándola a dictar normas aclaratorias, complementarias y operativas para la efectiva implementación del beneficio.
Asimismo, dicha Secretaría deberá informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la nómina de países que mantengan aranceles “ad valorem” iguales o superiores al 45% y comunicar cualquier modificación que se produzca en ese tratamiento arancelario.
La medida fue firmada por el Presidente Javier Milei, el Ministro del Interior Guillermo Francos y el Ministro de Justicia en ejercicio Mariano Cúneo Libarona, y deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación conforme a lo dispuesto por la Ley 26.122, que regula la intervención legislativa en decretos delegados.
Con esta disposición, el Gobierno busca alinear la política comercial externa con los principios de apertura y libertad económica, favoreciendo la inserción internacional de los sectores industriales de base.