La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso, mediante la Resolución General 5774/2025, una modificación al régimen de exclusión de retenciones y percepciones del IVA, con el objetivo de facilitar el acceso al Certificado de Exclusión en determinados casos especiales.
La norma —publicada en el Boletín Oficial del 21 de octubre de 2025— actualiza el artículo 24 de la Resolución General 2226, permitiendo que, para contribuyentes que operen con subsidios, compensaciones tarifarias o asistencia económica del Estado, o que facturen con alícuota reducida, el juez administrativo pueda resolver el recurso de disconformidad sin aplicar el requisito del inciso h) del artículo 4°.
Esta excepción solo será válida cuando no exista un régimen operativo de devolución de saldos técnicos del IVA, y apunta a destrabar solicitudes pendientes y evitar acumulación de saldos a favor en sectores con particularidades fiscales o tarifarias.
El Certificado de Exclusión de Retención y/o Percepción del IVA permite a los contribuyentes exceptuarse temporalmente de los regímenes de retención o percepción del impuesto, cuando acrediten que el régimen general les genera saldos a favor recurrentes o distorsiones financieras.
El régimen fue establecido originalmente por la Resolución General (AFIP) 2226, que fija las condiciones, documentación y plazos para solicitar la exclusión. Con esta modificación, ARCA otorga mayor flexibilidad en la evaluación administrativa, especialmente para actividades subvencionadas por el Estado o con menor carga impositiva efectiva.
Según fuentes oficiales, la medida forma parte del plan de alivio tributario impulsado por el Poder Ejecutivo, orientado a mejorar el flujo financiero de empresas que dependen de programas de asistencia o tarifas reguladas.
La resolución entró en vigencia con su publicación y alcanza también a las disconformidades que se encuentren pendientes de resolución a esa fecha.
El cambio busca agilizar los procesos internos y brindar una respuesta inmediata a los reclamos administrativos de contribuyentes que cumplen los requisitos pero se ven afectados por la demora en los certificados.