El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto (PEN) 787/2025 la derogación del Decreto 2417/1993, que establecía la obligación para los institutos privados de informar y solicitar autorización previa al Estado para fijar los montos de matrículas y cuotas.
La medida, publicada en el Boletín Oficial del 11 de noviembre de 2025, busca eliminar los mecanismos de control estatal sobre los aranceles educativos y devolver a las instituciones la facultad de definir libremente sus precios, atendiendo a sus costos operativos y condiciones de mercado.
Según el texto oficial, el sistema anterior “limitaba la capacidad de adaptación de los institutos frente a la inflación y las variaciones en sus gastos”, generando cuotas más elevadas desde el inicio del ciclo lectivo por temor a no poder ajustarlas posteriormente sin aprobación estatal.
El Ejecutivo argumenta que la intervención estatal en la fijación de aranceles afectaba la viabilidad económica de los colegios y restringía el derecho de propiedad y libre contratación, principios que —según el decreto— deben regir en el ámbito privado.
Además, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991, que regula el sistema de financiamiento de la educación privada, con el fin de actualizarlo al contexto actual de descentralización educativa y transferencia de competencias a las provincias.
El Decreto 787/2025 entró en vigencia inmediata el mismo día de su publicación, derogando formalmente las regulaciones establecidas hace más de tres décadas y liberando el mercado de cuotas escolares en todo el país.