El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aprobó un nuevo Digesto Normativo que sistematiza y actualiza toda la legislación aplicable al sector. El texto unificado establece un esquema de control basado en riesgos y una gestión digital de trámites, con alcance a productores, bodegas, exportadores e importadores de todo el país.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) oficializó, mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial del 7 de noviembre, la aprobación de un Digesto Normativo actualizado y unificado para toda la actividad vitivinícola.

Este nuevo cuerpo normativo abarca la producción, industrialización, fraccionamiento, circulación, comercialización, exportación e importación de vinos, mostos y otros productos vinculados, con el objetivo de simplificar los procedimientos y eliminar duplicidades regulatorias.

De acuerdo a lo indicado en la resolución, el régimen entrará en vigencia el 1° de enero de 2026 y será de aplicación obligatoria para viñedos, bodegas, plantas fraccionadoras, exportadores, importadores y laboratorios enológicos de todo el país.

Según el INV, la iniciativa responde al proceso de modernización y desburocratización impulsado por el Gobierno Nacional, en línea con el Decreto 70/2023 y la Ley de Bases 27.742, que promueven la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública.

El nuevo marco introduce una fiscalización posterior y basada en riesgos, adaptada a los estándares internacionales y orientada a mejorar la trazabilidad, autenticidad y calidad de los productos. También incorpora mecanismos digitales y declaraciones juradas online, reemplazando controles presenciales y trámites en papel.

Asimismo, el INV dispuso la derogación expresa de resoluciones anteriores que resulten incompatibles con el nuevo régimen, consolidando así un sistema normativo único y coherente que aporta mayor seguridad jurídica al sector.

El organismo destacó que el Digesto fue elaborado con la participación de los distintos actores de la cadena vitivinícola, incluyendo bodegas, productores y laboratorios, buscando acompañar el crecimiento sostenible y competitivo de una de las principales industrias exportadoras del país.

A través de un comunicado, el Gobierno indicó que durante décadas, la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas. Para poner orden, se elaboró un Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente. De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola se derogan 973. 

“Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia” señala el comunicado.

Asimismo, se indicó que el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados. Es decir, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores.

El cambio responde a un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad. Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva. Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año.

Puntualmente, se eliminaron la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto).

Con esta nueva norma, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas. El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino.

Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina, concluyó el comunicado del Organismo.