Mediante las resoluciones 504 y 506/2025, el Ministerio de Economía prorrogó hasta el 31 de agosto la emergencia agropecuaria en Santa Fe y declaró, por 180 días, una nueva en Chaco. Ambas medidas responden a las consecuencias de la sequía y las altas temperaturas sobre las explotaciones agropecuarias. Los productores deberán acreditar su situación mediante certificados provinciales para acceder a beneficios previstos por la ley 26.509.
El Ministerio de Economía de la Nación oficializó nuevas medidas para asistir al sector agropecuario en dos provincias gravemente afectadas por la sequía y condiciones climáticas extremas.
A través de la Resolución 504/2025, publicada en el Boletín Oficial del 23 de abril, se prorroga hasta el 31 de agosto la emergencia y/o desastre agropecuario en zonas de la provincia de Santa Fe, ampliando lo dispuesto inicialmente en noviembre de 2024. La nueva declaración comprende más de 40 distritos de los departamentos San Javier, San Justo, Castellanos y Las Colonias, y se aplica a explotaciones afectadas desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2025.
En paralelo, la Resolución 506/2025 declara emergencia agropecuaria en toda la provincia del Chaco desde el 28 de marzo hasta el 24 de septiembre de 2025, abarcando al sector agrícola, ganadero y apícola. La medida fue solicitada por el gobierno provincial mediante los decretos 410/2025 y 433/2025, luego avalada por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
En ambos casos, se establece la fecha de finalización del ciclo productivo y se fijan los requisitos para acceder a los beneficios fiscales y crediticios contemplados en la ley 26.509, como prórrogas impositivas y asistencia financiera. Los productores deberán presentar certificados de emergencia emitidos por autoridades provinciales. Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los bancos oficiales deberán facilitar la implementación de los beneficios.
Las medidas ya están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial, y forman parte de la estrategia del Gobierno nacional para mitigar el impacto económico y social de los fenómenos climáticos extremos en las regiones productivas del país.
