El Decreto 353/2025, publicado el 23 de mayo en el Boletín Oficial, crea el Sistema de Finanzas Abiertas y establece un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con rentas exclusivamente de fuente argentina. La ARCA implementará gradualmente este sistema a partir del período fiscal 2025. Además, se encomienda al organismo la revisión integral de los regímenes de información y fiscalización. El Banco Central será la autoridad de aplicación del nuevo sistema financiero, que busca fomentar la inclusión, el crédito y la competencia.
Con el objetivo de modernizar el sistema tributario, reducir la informalidad y fomentar la inversión, el Gobierno nacional promulgó el Decreto 353/2025, una norma clave dentro de su estrategia de reactivación económica y desregulación.
Esta medida centraliza tres grandes transformaciones:
Ambas iniciativas responden al diagnóstico oficial de que el actual sistema impositivo argentino está altamente concentrado: según datos de 2024, el 80% de la recaudación provino de solo 10.000 grandes contribuyentes. Esta situación genera presión fiscal desproporcionada sobre una parte del sistema formal, mientras que la informalidad se consolida como mecanismo de subsistencia.
El texto oficial destaca que la elevada carga tributaria, sostenida durante más de 40 años, derivó en un sistema con baja equidad, alta evasión y fuerte informalidad. Esta estructura impacta negativamente en el acceso a derechos laborales, limita el crédito y perpetúa ciclos de pobreza.
En ese contexto, el decreto plantea que la simplificación y digitalización de los trámites no solo aliviana la carga administrativa sobre los contribuyentes, sino que también permite a la Administración Pública redireccionar recursos hacia el control de los sectores de mayor capacidad contributiva.
El proceso también se enmarca en la transformación del organismo recaudador: tras la disolución de la AFIP, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) asumió sus funciones, con nuevas competencias para implementar esquemas más modernos, dinámicos y digitales.
El nuevo régimen simplificado establecido por el Decreto 353/2025 está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas residentes que obtienen exclusivamente rentas de fuente argentina. Su aplicación comenzará a regir a partir del período fiscal 2025.
Se trata de un esquema opcional, pensado para quienes deseen simplificar su cumplimiento fiscal. A diferencia del régimen tradicional, este modelo propone una declaración asistida, construida sobre la base de la información preexistente que posee la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El sistema utilizará datos ya registrados en las bases del organismo recaudador. Estos podrán ser complementados por la información que aporten los propios contribuyentes o terceros vinculados. El objetivo es minimizar la carga administrativa, reduciendo al máximo la necesidad de intervención manual del contribuyente en la liquidación del impuesto.
Además, quienes ingresen a este régimen quedarán exceptuados de presentar ciertas formalidades que hoy exige el sistema, como los datos del patrimonio al inicio y al cierre y el monto consumido durante el período fiscal, es decir no formaría parte de esta declaración jurada simplificada el cuadro donde se deben justificar las variaciones patrimoniales.
La implementación será progresiva y escalonada, lo que permitirá monitorear el impacto de la medida y realizar los ajustes normativos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.
Este nuevo enfoque busca acercar la administración tributaria al ciudadano, facilitando el cumplimiento y disminuyendo errores u omisiones involuntarias. El modelo se inspira en experiencias de países como España y Chile, donde las autoridades fiscales emiten borradores de declaraciones que los contribuyentes solo deben confirmar o corregir.
La iniciativa representa un cambio de paradigma. Apunta a reemplazar el sistema tradicional, centrado en la carga individual de información, por un esquema inteligente y automatizado, más acorde con las tecnologías disponibles y con los principios de eficiencia del Estado moderno.
Con esta medida, el Gobierno apuesta a ampliar la base de contribuyentes, fomentar la formalización económica y generar confianza en el sistema impositivo, reduciendo las barreras que hoy alejan a muchos ciudadanos del cumplimiento voluntario.
El Decreto 353/2025 otorga a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un rol central en el proceso de simplificación fiscal. En este sentido, el Poder Ejecutivo le encomienda revisar y actualizar toda su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y control.
Esta disposición busca reducir las exigencias burocráticas que hoy enfrentan los contribuyentes. Muchos de los actuales regímenes informativos implican duplicación de datos, formularios extensos y procesos que no siempre agregan valor a la gestión tributaria.
La medida apunta a eliminar formalidades innecesarias, priorizar la eficiencia en la recolección de datos y centrar los esfuerzos de control en sectores de alta capacidad contributiva. Esto permitirá que los pequeños contribuyentes y las personas físicas no queden sometidos al mismo nivel de exigencia que grandes empresas o grupos económicos.
ARCA deberá también adaptar su estructura normativa a un entorno digital, en el que gran parte de la información ya se encuentra registrada y puede ser integrada de forma automática. El objetivo es que el organismo utilice tecnología y cruce de datos para obtener la información que necesita, reduciendo así la carga sobre ciudadanos y empresas.
Esta revisión profunda será clave para modernizar la fiscalización, volverla más efectiva y menos intrusiva. Además, permitirá canalizar mejor los recursos del Estado, enfocándose en riesgos reales de evasión o elusión tributaria, y no en trámites meramente formales.
En conjunto con el nuevo régimen simplificado de Ganancias y el Sistema de Finanzas Abiertas, esta reestructuración normativa representa un paso decisivo hacia una administración tributaria más ágil, inteligente y orientada al servicio, capaz de acompañar los desafíos de una economía digitalizada y en proceso de formalización.
El Decreto 353/2025 también introduce una transformación profunda en el ámbito financiero con la creación del Sistema de Finanzas Abiertas. Esta herramienta se alinea con tendencias globales de modernización, como el open banking europeo y latinoamericano, y busca impulsar la competencia, la transparencia y el acceso al crédito.
El nuevo sistema permitirá que tanto personas humanas como jurídicas puedan compartir, si así lo desean, su información financiera con entidades del sistema supervisadas por el Banco Central. El eje del mecanismo es el consentimiento expreso del titular de los datos, que será el único habilitado para autorizar su circulación.
El objetivo principal es ampliar la inclusión financiera, facilitar el acceso al financiamiento y dinamizar el mercado. Al disponer de más información, las entidades podrán ofrecer productos más personalizados y accesibles, mejorando la competitividad entre bancos, fintechs y otras instituciones autorizadas.
El Banco Central de la República Argentina será la autoridad de aplicación del sistema. Le corresponderá establecer los parámetros técnicos y estándares de seguridad, asegurando que el tratamiento de los datos cumpla con los más altos niveles de resguardo y confidencialidad.
Además, el sistema podrá interconectarse con otras bases de organismos públicos, tanto nacionales como provinciales o municipales. Esto permitirá construir perfiles crediticios más completos, facilitar trámites y fortalecer la trazabilidad de operaciones económicas lícitas.
El decreto deja en claro que esta apertura de datos no implica una flexibilización en la prevención del lavado de activos ni en el régimen de secreto fiscal. Todo intercambio deberá respetar las obligaciones establecidas por la ley, y los titulares seguirán siendo responsables de autorizar o denegar el uso de su información personal.
El Sistema de Finanzas Abiertas representa un avance hacia un ecosistema más moderno, donde el ciudadano tiene control sobre sus datos y puede acceder a más y mejores servicios financieros, sin que esto implique riesgos innecesarios o pérdida de privacidad.
El decreto entró en vigencia el 23 de mayo de 2025, fecha de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, ARCA y el BCRA están facultados para dictar la normativa complementaria.
La Unidad de Información Financiera (UIF) deberá, a su vez, revisar en un plazo de 30 días si requiere ajustar sus propias normas para adaptarse a las nuevas disposiciones.