El Decreto 366/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, modifica integralmente las leyes de Migraciones, Educación y Ciudadanía, estableciendo medidas más estrictas para el ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina. Se restringe el acceso gratuito a salud y educación pública para no residentes permanentes y se incorpora la ciudadanía por inversión para atraer capitales. La normativa, que ya está vigente, busca equilibrar la sostenibilidad del sistema y fortalecer la seguridad nacional.
Con la entrada en vigencia del Decreto 366/2025, el Gobierno Nacional avanza en una reforma profunda del régimen migratorio y educativo, estableciendo un nuevo marco para el otorgamiento de ciudadanía.
De acuerdo al texto oficial, la Ley de Migraciones N° 25.871 se endurece: el ingreso y permanencia de extranjeros en el país se regirá por criterios más exigentes, priorizando la seguridad, el orden público y la sostenibilidad de los servicios esenciales. Además, se redefine el acceso gratuito a salud y educación pública, limitándolo a ciudadanos argentinos y residentes permanentes, mientras que se habilita a cobrar a extranjeros sin residencia por los servicios prestados, salvo excepciones humanitarias.
El decreto también crea un régimen de ciudadanía por inversión, permitiendo a extranjeros obtener la naturalización sin residencia previa si realizan inversiones relevantes en Argentina, conforme lo determine el Ministerio de Economía. Para gestionar este régimen, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, encargada de diseñar, controlar y evaluar las solicitudes, promoviendo la llegada de capitales extranjeros.
El Presidente de la Nación, junto a su gabinete, argumentó que esta reforma busca adaptarse al nuevo contexto global, marcado por movimientos migratorios masivos y crisis en los países vecinos, que generan presión sobre los servicios esenciales del país. Se destaca que, según datos oficiales, más del 24% de inmigrantes en situación irregular permanecen en Argentina desde hace más de 20 años.
El decreto también endurece los requisitos para ingresar y permanecer en el país, incluyendo la exigencia de seguros de salud para extranjeros no residentes, mayores controles en las fronteras, y limitaciones al otorgamiento de la residencia permanente a personas con antecedentes penales o delitos graves.
Por otro lado, la reforma modifica la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional, permitiendo a las universidades públicas cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente y manteniendo la gratuidad solo para nacionales y residentes permanentes. Según datos oficiales, los egresos hospitalarios de extranjeros representaron el 10,58% del total, con un costo superior a los 72 mil millones de pesos en 2024.
Dentro de la reforma, se crea el Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que permite a extranjeros obtener la ciudadanía argentina sin necesidad de residencia previa, siempre que realicen inversiones relevantes definidas por el Ministerio de Economía.
La nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, creada por el decreto, tendrá a su cargo la gestión, control y evaluación de las solicitudes, y publicará anualmente las inversiones recibidas.
El objetivo, según el Ejecutivo, es atraer capitales extranjeros y fomentar el desarrollo económico del país. El régimen, que establece criterios claros para acceder a esta ciudadanía, busca aprovechar la apertura global de Argentina a nuevas inversiones, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado internacional.
El Decreto 366/2025 se encuentra vigente desde su publicación en el Boletín Oficial y será tratado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso en los próximos días.