La ley 27.791, sancionada el 10 de julio y vetada por el Ejecutivo, preveía un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones bajo el régimen general, la pago de un bono extraordinario de $110.000 para quienes perciben la mínima y la actualización mensual de haberes por IPC. También contemplaba un esquema de financiamiento a través de reasignación presupuestaria, IVA e ingresos de entes cooperadores. En Diputados, la votación para revertir el veto no alcanzó los dos tercios, por lo que la medida quedó sin efecto. El rechazo al veto de la Ley 27.792 sobre moratoria previsional no llegó a ser debatido.
En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó la insistencia sobre la Ley 27.791, que había sido sancionada el 10 de julio y posteriormente vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo Nacional. La votación obtuvo 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, insuficientes para alcanzar la mayoría de dos tercios que exige la Constitución Nacional.
La ley de jubilaciones 27.791 establecía en su artículo 1° un incremento excepcional del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES alcanzadas por la Ley 24.241. Este aumento se sumaría al haber mensual y serviría de base para futuros incrementos.
Asimismo, el artículo 2° creaba una ayuda económica previsional de hasta $110.000, actualizable según la movilidad de la Ley 24.241, que alcanzaba a beneficiarios de la PUAM, pensiones no contributivas y jubilados de la mínima.
El proyecto también modificaba el artículo 32 de la Ley 24.241, sustituyendo la fórmula de movilidad previsional y estableciendo una actualización mensual de haberes en función del IPC publicado por el INDEC, con la garantía de que nunca se reduciría el monto percibido por los beneficiarios.
En materia de financiamiento, la norma disponía la derogación de exenciones en el IVA, la reasignación de partidas del presupuesto de inteligencia y de deuda pública, así como la transferencia de ingresos de los entes cooperadores al Tesoro nacional.
Por otro lado, en su capítulo III, el texto fijaba un nuevo esquema de transferencias automáticas de ANSES a las provincias con cajas previsionales no transferidas, a cuenta del déficit de cada sistema.
Durante el debate, los bloques opositores defendieron la insistencia como una medida de justicia social para los jubilados, mientras que el oficialismo advirtió que la iniciativa representaba un gasto sin financiamiento real, incompatible con la meta de equilibrio fiscal.
Con la votación en Diputados, el veto presidencial quedó firme, por lo que los jubilados y pensionados no recibirán el aumento extraordinario ni la ayuda económica previstos en la Ley 27.791.
Cabe destacar que en la misma sesión no se trató la insistencia sobre la Ley 27.792, que prorrogaba la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705. Por lo tanto, el veto presidencial a esa norma también se mantiene firme.