La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una ampliación del régimen informativo de operaciones financieras, con el objetivo de mejorar la trazabilidad del mercado de capitales y reforzar la fiscalización de movimientos relevantes de fondos.
La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5779/2025, publicada en el Boletín Oficial del 27 de octubre, y entra en vigencia de inmediato, aunque sus efectos plenos comenzarán con la información correspondiente a diciembre de 2025 y, en el caso de los nuevos agentes, a enero de 2026.
El cambio más relevante es la incorporación de los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión (ACDI) —autorizados por la Comisión Nacional de Valores— como nuevos sujetos informantes del régimen.
Estos agentes deberán reportar las operaciones realizadas por cuenta propia o de terceros, incluyendo:
De este modo, ARCA amplía el alcance del sistema informativo previsto originalmente para agentes de liquidación y compensación, sociedades depositarias y entidades del mercado reguladas por la CNV.
La resolución también aclara el método de cálculo de los límites informables, que ahora deberán computarse de manera acumulada y neta de comisiones, aranceles y gastos.
Los umbrales monetarios se mantienen sin cambios:
No obstante, se precisa que los montos deben sumarse por tipo de operación y por titular de cuenta, considerando conjuntamente compras, ventas, pases, cauciones y movimientos de fondos.
La resolución también actualiza referencias institucionales:
Asimismo, se redefine la estructura del Título II de la Resolución General 4298, integrando en un mismo marco informativo a agentes de liquidación y compensación, sociedades depositarias y agentes de colocación.
La norma rige desde su publicación y será obligatoria para la información correspondiente a diciembre de 2025, mientras que las nuevas obligaciones para los agentes de fondos comunes se aplicarán desde enero de 2026.
Con esta actualización, ARCA busca fortalecer el monitoreo de los flujos financieros del mercado de capitales y elevar la calidad de los datos utilizados para fiscalización y análisis de riesgo, alineando el esquema local con estándares internacionales de transparencia.