El borrador de la reforma laboral 2025 que el Ejecutivo prepara para enviar al Congreso antes de fin de año propone una transformación profunda del régimen de trabajo argentino.
Entre los principales cambios se destacan:
El Gobierno sostiene que el objetivo es reducir los costos laborales y promover la formalización del empleo, mientras los gremios advierten una pérdida de derechos y mayor fragmentación laboral.
Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) prevé un mes de sueldo por cada año o fracción mayor de tres meses, sin tope.
El nuevo esquema mantendría esa base, pero con un límite máximo de diez meses, independientemente de la antigüedad del empleado.
Esto impactaría especialmente en los trabajadores con más de diez años de servicio, que hoy perciben una compensación proporcionalmente mayor.
El proyecto mantiene el principio general de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT):
“La indemnización no podrá ser inferior a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses.”
Sin embargo, introduce una novedad sustancial:
“En ningún caso podrá ser superior a diez meses de sueldo igualmente determinado.”
Es decir, se fija un límite máximo de diez sueldos para el cálculo de la indemnización, sin importar la antigüedad.
Además, la base de cálculo se restringe al excluir el Sueldo Anual Complementario (SAC), bonos, premios o vales alimentarios.
Y para las pymes, se habilita la opción de abonar la indemnización en hasta doce cuotas mensuales, lo que en un contexto inflacionario implicaría una reducción real del valor percibido por el trabajador.
Tomando como referencia un sueldo mensual de $500.000:
| Antigüedad | Régimen actual (LCT) | Proyecto (tope 10 sueldos) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 3 años | $1.500.000 | $1.500.000 | = |
| 10 años | $5.000.000 | $5.000.000 | = |
| 20 años | $10.000.000 | $5.000.000 | -50% |
| 30 años | $15.000.000 | $5.000.000 | -66% |
Un trabajador con 20 años de antigüedad perdería la mitad de su indemnización, y uno con 30 años, casi dos tercios.
El debate central gira en torno a la retroactividad del nuevo régimen.
Según el artículo 7 del Código Civil y Comercial, las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que lo dispongan expresamente, y no pueden afectar derechos adquiridos.
Por eso, si la reforma fuera aprobada, el nuevo tope solo podría aplicarse a los nuevos vínculos laborales, tal como adelantó Milei.
En cambio, los trabajadores con contratos vigentes mantendrían las condiciones actuales de la LCT.
Aplicar el tope a relaciones en curso podría ser inconstitucional, por violar el principio de progresividad y el derecho a la estabilidad económica amparado en los tratados internacionales de derechos laborales.
En declaraciones recientes, el mandatario aseguró:
“La gente no va a perder derechos. Podrá seguir adhiriendo a los contratos viejos.”
“Para los informales y los nuevos empleos tendrá la opción de la nueva legislación moderna.”
“Se ganarán más derechos ya que los que están en la informalidad pasarán a la formalidad.”
De esta forma, el Gobierno busca separar los regímenes laborales: uno con la legislación tradicional para quienes ya están empleados y otro más flexible y moderno para los nuevos contratos, con la intención de favorecer la formalización.
Otro eje del proyecto es la creación de los “Salarios Dinámicos”, que permitirían que parte del salario esté vinculado a la productividad, metas o desempeño.
Estos componentes variables podrían negociarse individualmente o por empresa, eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la continuidad automática de los beneficios una vez vencido el acuerdo.
Además, se establece que “un convenio de ámbito menor prevalece sobre otro de ámbito mayor”, dando prioridad a los acuerdos por empresa frente a los de rama o actividad.
Esta modificación fragmenta la negociación colectiva, debilitando el poder de los sindicatos nacionales y potenciando la negociación directa entre empleadores y trabajadores.
El proyecto elimina la obligación de descontar la cuota sindical a los trabajadores no afiliados, estableciendo que solo podrá hacerse con su consentimiento expreso. Esta medida implicaría un fuerte recorte en los ingresos de las organizaciones gremiales, que actualmente se financian parcialmente con esos aportes.
En cuanto al derecho de huelga, el borrador fija porcentajes mínimos de cobertura durante medidas de fuerza:
Para los gremios, esto constituye una restricción encubierta al derecho constitucional de huelga, mientras que el Gobierno argumenta que busca garantizar el funcionamiento básico del país.
Según la visión oficial, el nuevo esquema permitiría bajar el costo del empleo formal, reducir la litigiosidad judicial y estimular la creación de trabajo registrado, especialmente en pymes.
Sin embargo, los sindicatos y juristas laborales advierten que podría generar un sistema dual:
Además, advierten que el tope indemnizatorio y el fin de la ultraactividad representan una pérdida estructural de garantías históricas, lo que anticipa fuertes conflictos judiciales y gremiales si la norma avanza en esos términos.